La crisis mundial y nacional por la pandemia global de COVID-19 y las medidas adoptadas por los gobiernos, se han reflejado en la situación del Sistema Dominicano de la Seguridad Social creado con la Ley No.87-01 en 2001, próximo a cumplir 20 años de vigencia.

Según datos de la Tesorería de la Seguridad Social, entre marzo y septiembre hubo una disminución importante de los empleadores registrados y de las dominicanas y dominicanos trabajando formalmente y cotizando. De hecho, de marzo a junio hubo una pérdida de más de 12 mil empleadores y de casi 340 mil trabajadoras y trabajadores. Hay que considerar que el 50.5% de esos cotizantes tienen salarios iguales o menores a los 15 mil pesos, y que prácticamente el 95% de las empresas registradas son MIPYMES.

Sin embargo, en medio de la debacle y el sufrimiento, las AFP han ganado en el período enero-septiembre de 2020 más dinero que lo ganado en el mismo período (enero a septiembre) de los años 2016, de 2017 y 2018, cuando se experimentó una total bonanza económica en el llamado “milagro dominicano”. De hecho, la diferencia de las utilidades de las AFP en 2020 respecto a dicho período en 2018 es casi de 900 millones de pesos más, e incluso ya superan todo lo que se ganaron en aquel año completo.

Esto confirma nuestras proyecciones de que el cambio en la comisión cobrada por las AFP fue un burdo truco, con la Ley No.13-20 en febrero del presente año, haciendo pasar por rebaja lo que en realidad fue aumento, entregándoles los saldos completos para cobrar de ellos, a costa del sudor del país sin dar un golpe. Aquella ley no significó atender un solo derecho de la gente, y contó con el apoyo del 99% de los diputados y diputadas presentes, «unidos por una causa».

Con esa medida, el Estado liberó a las AFP del “dolor de cabeza” de los vaivenes del mercado e incluso de crisis de la magnitud que se está viviendo. Esto echa por tierra la falacia, basada en proyecciones viciadas, de que la nueva Ley representaría un “ahorro por 53 mil millones de pesos para la sociedad dominicana”.

Mientras las empresas sucumben, las familias pierden sus empleos, y quienes reciben FASE tienen más cerca la finalización de este subsidio, las AFP verifican ganancias multimillonarias a costa del trabajo y el esfuerzo de la sociedad. Y cuando se suman lo que han consumido en utilidades, gastos generales y gastos operacionales que no aportan pensiones ni seguridad social, vemos que las AFP le han consumido al país más de 64 mil millones de pesos (a diciembre 2019), que si se suma a lo absorbido por las ARS privadas superan juntas los 122 mil millones de pesos.

No deja de ser llamativo que en vez de que se discuta como en Chile y otros países, una respuesta a la necesidad de los hogares junto con la transformación de este modelo para convertir esas ganancias en beneficios sociales y de desarrollo, haya voces que sólo clamen porque la propia gente vulnerada y saqueada cubra los costos de la crisis con sus empobrecidas cuentas de pensión.

La ley de las AFP y de las empresas que hacen negocio con la seguridad social es la de to’ pa’ mí, volviendo la Constitución un pedazo de papel, el sufrimiento de la sociedad en ganancias sin esfuerzo, y la dignidad básica de los dominicanos y dominicanas en algo que creen que pueden aplastar con mareo e imposiciones. La ciudadanía está llamada a recuperar sus derechos.