La transición ofrece al Presidente Mejía la oportunidad de contribuir apuntalar la estabilidad macroeconómica, retomando el cumplimiento de los compromisos con el FMI, o de lo contrario rehuir las responsabilidades posponiendo decisiones para la próxima administración, con lo cual se agravará la situación económica y la calidad de vida de las mayorías.

Cuando el Agrónomo Hipólito Mejía asumió la conducción del estado heredó una macroeconomía que había sido equilibrada desde el 1991, y que había experimentado en la administración Fernández los niveles más elevados de crecimiento del PIB en todo el continente, inflación por debajo de los dos dígitos, una moneda estable, confianza de los agentes económicos, aunque con ciertos desajustes originados en la imposibilidad política de la administración peledeísta de elevar los precios internos de los combustibles al ritmo de las alzas internacionales en los precios del petróleo.

La desaceleración económica mundial y los atentados del 11 de septiembre afectaron el sector externo del país y en el 2001 el turismo decreció 6.0% y las zonas francas. En momentos en los cuales era evidente un schock externo, manifestado en una caída de 16.3% en el turismo para el primer trimestre del 2002, el gobierno en vez de controlar el gasto, como es aconsejable en una pequeña economía abierta, optó por incrementarlo, acudir masivamente al endeudamiento externo, especialmente el privado, y utilizando la primera emisión de bonos soberanos por US$500 millones en una cantidad de obras de dudoso retorno financiero. Esa política expansiva fue el pecado original que dio origen a los desequilibrios.

Para cuando comenzaron a manifestarse los problemas de BANINTER, en septiembre con la primera oleada de adelanto y redescuentos, la economía se había sobrecalentado en el primer semestre con un crecimiento inorgánico de 6.9%, el tipo de cambio había aumentado a una tasa el doble del cuatrienio anterior y la confianza en las autoridades iniciaba el declive por eventos políticos, como la imposición de una reforma constitucional para dar paso a la reelección, la elección unilateral de los miembros de la JCE y le vino a poner la tapa al pomo el escándalo de la tarjeta de crédito que involucraba nada más y nada menos que al asistente militar esencial del Presidente.

Evidentemente que la quiebra de BANINTER, con un monto de pasivos superiores a los activos, tuvo un papel preponderante en la magnitud de la crisis, así como también las quiebras con otras características de Bancrédito y el Mercantil, pero hasta en este punto las autoridades fueron responsables de agrandar la magnitud de los agujeros por la forma como afrontaron primero el otorgamiento de los adelantos y redescuentos, en violación a la vigente Ley orgánica del Banco Central, luego el salvamento de todos los depositantes en violación de acápites de la Ley Monetaria y Financiera promulgada el 3 de diciembre del 2002.

El rosario de calamidades no terminó con la mayor emisión monetaria inorgánica en toda la historia del peso para responder a los depositantes y su corrección mediante la colocación de certificados del Banco Central (auto-generadores de inorgánicos por el servicio de los intereses) sino que el propio gobierno, luego de arribar a un acuerdo stand-by con el FMI, incumplió la mayoría de los topes en la primera revisión, y, además, inconsultamente compró las Edes y con ello los apagones a UNION FENOSA, provocando la ruptura del acuerdo con las consecuencias del aumento del tipo de cambio del 32×1 al 55×1 entre septiembre y diciembre del 2003 más la perdida de varios peldaños en la clasificación riesgo-país.

A pesar de la campaña oficial intentando mostrar como culpables a los atentados terroristas, la guerra de Irak, los altos precios petroleros y la quiebra fraudulenta de varios bancos, el electorado sacó sus propias conclusiones y con el voto pasó factura a una administración que esas mayorías atribuyeron la principal responsabilidad en la caída estrepitosa del ingreso real, la quiebra de las expectativas y las esperanzas.

Luego de los resultados del 16 de mayo y de la actitud correcta del Presidente al reconocer apenas al primer boletín el triunfo del doctor Leonel Fernández, independiente de los factores internos o externos que presionaran esa salida, era de esperar una transición diferente y que el Agrónomo Hipólito Mejía cumpliera los compromisos asumidos frente al FMI, especialmente el sometimiento de la reforma tributaria y el reinició de las negociaciones, para así evitar las consecuencias derivadas del segundo incumplimiento del acuerdo.

Los caminos están definidos: Este gobierno puede concluir en orden, contribuyendo a la estabilidad y a mejorar su propia imagen, o de terminar en un desorden, con todos los costos económicos y sociales, pero también con el deterioro de las posibilidades de que su partido sea una opción de poder en venideros comicios.