MARTHA PÉREZ
El jueves 24 de marzo se nos publicó en este popular medio de comunicación un artículo bajo este mismo título, en el que invitamos a los lectores a que respondamos juntos si la nueva Ley del Sistema de Areas Protegidas garantizaría el futuro de la nación dominicana en función del fomento del turismo, del crecimiento económico, de la inversión local y extranjera, de manera integrada con la participación con equidad de una sociedad sostenible para la sostenibilidad ambiental.

Prometimos responder en esta entrega. La nueva situación del medio universal de manejo de espacios naturales y culturales que constituyen las Areas Protegidas no garantiza de manera concreta y eficiente los precitados aspectos; el manejo de estos espacios a partir de la nueva Ley, afectaría significativamente el equilibrio ecológico en estos espacios, los servicios ambientales, el turismo de naturaleza, y entre otros, las actividades económicas que sustentan a cientos de familias.

La nueva Ley Sectorial de Areas Protegidas contrasta con el espíritu y el mandato de la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el plano local; y con convenios y acuerdos suscritos por la República Dominicana, así como con los parámetros establecidos por la Unión Mundial para la Naturaleza –UICN–, en el plano internacional; originando una situación de confusión sobre aspectos relativos a dichas áreas, como son las zonas de amortiguamiento, las discrepancias en categorías de manejo, la mutilación de áreas, polígonos que no cierran, como son Sierra Martín García, Estero Balsa, Humedales del Ozama, Parque Submarino La Caleta, Bosque Húmedo de Río San Juan, Monumento Natural Domingo Fuerte; polígonos con doble categorías, como son los casos de Playa Larga y Playa Blanca, entre otras incongruencias; e incluso, amenaza de proyectos, no compatibles, en áreas protegidas, todo lo cual afectará significativamente la conservación y manejo adecuado de estas áreas. El cuadro que se presenta con las Areas Protegidas con esta nueva Ley Sectorial no permite hablar de un Sistema Nacional de Areas Protegidas en una gestión ambiental hacia un desarrollo sostenible, que necesariamente debe basarse en la integración de los aspectos económico, social y ambiental. Es un triste cuadro, que visto por dentro y por fuera, demanda un análisis profundo desde los puntos de vista literal, técnico-científico y legal, aspectos que debieron ser considerados previamente al momento de «estudiar» y analizar el Proyecto de Ley.

¿Por qué y para qué analizarlo con este rigor? Porque el tema de la materia asi lo amerita; porque la acción del Congreso ha resultado lesiva para el país, tanto en el orden ambiental, social y económico; porque, si las autoridades envueltas en esto (Congreso y Suprema Corte de Justicia) basaron sus argumentos más en un aspecto político que jurídico, fundamentado en la mitigación de la pobreza, entonces, no debieron incluir áreas con potencial agrícola y bajo sistema de riego en las categorías de Parques Nacionales, como es el caso del propio Parque Nacional Jaragua. Porque la extensión del área del Santuario de Mamíferos Marinos definida en la Ley, viola el Derecho Internacional sobre aguas territoriales, ya que incluye areas correspondientes y circundantes al Banco del Pañuelo, así como aguas territoriales correspondientes a las Islas Caicos y Turkas. ¿Por qué incluyeron en la categoría de Monumento Natural comunidades en cuyos espacios no existen otros ecosistemas que proteger, que no sea el ser humano? Este es el caso de la Cueva del Pomier en San Cristobal, que incluye alrededor de seis comunidades. Y porque obligatoriamente habrá que hablar de un «antes y después». Antes de la nueva Ley hablábamos de 70 áreas protegidas (Ley 64-00) en una superficie terrestre de alrededor de nueve mil kilómetros cuadrados, lo que representa aproximadamente un 19% de la superficie terrestre. Hoy tenemos que hablar de 89 áreas protegidas en una superficie terrestre de más de ocho mil kilómetros cuadrados, lo que representa alrededor del 18%. Parecería que se han creado más Areas Protegidas en menos superficie terrestre; y, por tanto, tendríamos un mejor equilibrio ambiental, vinculado a lo económico y social. ¡Cuidado!, no lo veamos así; esa es la imagen que se nos presenta para opacar la cruda realidad de lo que tendrémos, que será un mejor equilibrio económico para unos pocos en detrimento de la sostenibilidad ambiental y social. Para comprenderlo, es necesario ver en detalle la nueva situación de cada una de las Areas Protegidas y sus categorias de manejo; así como la de las Areas Marinas. Esto nos coloca ante una situación a la que la sociedad en general tiene que prestar atención para aunar esfuerzos en favor de una mayor participación sistematizada en la gestión ambiental, y en todo lo concerniente al desarrollo de la nación, conforme lo mandan la Constitución de la República y la Ley 64-00, sobre el Medio Ambiente y los Recursos Nasturales. ¡El país es de todos los dominicanos!