Hoy 
Las denuncias de mutilaciones toleradas por autoridades subalternas, de invasiones ilegales por agricultores nómadas, de haitianos acampando nuevamente en Los Haitises; y de extracciones de materiales de los ríos a plena luz del día con vigencia de años, delatan, en primer término, una ostensible insuficiencia de recursos y personal capacitado al servicio de esa causa. Prueba al canto a la vista de los habitantes de la ciudad de Santo Domingo y sus entornos: sus dos ríos inmundos continúan como destino de toneladas de desechos sólidos y líquidos. Hacia el Ozama persiste el lanzamiento masivo de basura desde su habitados márgenes de más de 15 kilómetros de extensión de lado y lado; mientras el envenenamiento de sus aguas y las de su afluente La Isabela corre por cuenta de vertidos provenientes de industrias de otras áreas escapando a plantas de tratamiento inexistentes o fuera de servicio. Está además el vertedero de Duquesa que contamina a profundidad el subsuelo. Las derivaciones líquidas de la descomposición de despojos que allí van a parar viajan hasta las corrientes fluviales. No ha ocurrido aquí una protección integral de las reservas boscosas en la que tengan participación las comunidades que actualmente impactan negativamente la naturaleza habitándola.
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El país avanzó efectivamente hacia crear un tratamiento amigable y sostenible de sus áreas vírgenes con la creación de 132 áreas protegidas que cubren el 25.6% del territorio nacional y el 10.8% de la superficie marina pero no pocas de ellas existen solo en el papel. Y así seguirían a menos que se adopte con urgencia un nuevo modelo conservacionista para sustituir el actual. De una reciente conferencia con importante participación de la comunidad científica nacional celebrada en Universidad Autónoma de Santo Domingo emergió un llamado a unir esfuerzos sectoriales para asegurar la protección de los recursos naturales como base para el bienestar colectivo. Se está ante un peligro real expresado por organismos especializados que ven países amenazados, incluyendo RD, por una creciente pérdida de biodiversidad en perjuicio de la seguridad alimentaria, la salud humana y la estabilidad económica atacadas además por el cambio climático.
