El proyecto de ley que modificaría la 87-01 de Seguridad Social preocupa a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) y a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), porque a juicio de los directivos de las asociaciones que las agrupan, perjudican el actual sistema ya que no está basado en un estudio.
En carta dirigida a Pedro Brache, presidente del Consejo Nacional d ela Empresa Privada (CONEP), Andrés Mejía, José Zapata, Patricia León, Carlos Rodríguez y Laura Peña Izquierdo, representantes de cinco de las siete principales ARS privadas expresan sus preocupaciones en torno al anteproyecto que modifica la Ley 87-01, el cual afecta de manera negativa la estructura básica del sistema, pues consideran que coarta la participación y la influencia del sector empleador y trabajador, desdeñando los principios fundamentales que cimentaron la promulgación de la ley vigente.
Con la actual ley se hizo posible la drástica transformación de un régimen discriminatorio y excluyente a uno abierto, participativo, fruto del consenso de los diferentes sectores intervinientes.
En el anteproyecto no se dan respuestas a las situaciones más apremiantes del sistema como son la actualización del catálogo de prestaciones, para el cual incluso no es necesario modificar la Ley; no se presenta un estudio concienzudo y sustentado técnicamente para hacer frente a la cobertura universal sin poner en riesgo los demás regímenes y sus afiliados, expresa la carta.
Aseguran que serán afectados principios como el de equilibrio financiero, separación de funciones, participación y unidad.
La amenaza Muchas de las disposiciones contenidas en el anteproyecto constituyen una amenaza significativa al sistema, insisten, tras asegurar que se pondrá en riesgo la calidad de los servicios prestados a los afiliados, en detrimento de las contribuciones de los empleadores y trabajadores, como suprimir facultades fundamentales de las ARS otorgándolas de manera desmedida a la Superinntendencia de Salud y Riesgos Laborales.
Posición de AFP Para estas entidades, el anteproyecto no introduce cambio alguno que incremente las pensiones futuras de los trabajadores, no aumenta la cantidad de personas protegidas, excluye una gran parte de los trabajadores actualmente cubiertos en la seguridad social, en especial los trabajadores de las micro y pequeñas empresas, quienes son justamente los más vulnerables socialmente.
Les preocupa que se elimine la obligación del Estado a otorgar el bono de reconocimiento a aquellos que cotizaron en las leyes 1896-48 y 379-81, desconociendo unilateralmente y de forma retroactiva los derechos adquiridos en seguridad social. Ven que el anteproyecto atenta contra la seguridad jurídica. El Estado determinará todo