Desde 1994 hemos desarrollado investigaciones y evaluaciones antropológicas y cualitativas en aulas de centros educativos públicos de nuestro país. Desde esa época se muestra el sostenimiento de una interacción entre docentes-estudiantes y entre estudiantes de ambos sexos en los centros con prácticas continuas de discriminación, acoso sexual y violencia.
La población masculina en los centros educativos sufre discriminación y violencia. El personal docente y directivo de los centros no cuenta con herramientas para integrar a la población masculina en los procesos educativos, se maneja con prejuicios y estigmas hacia “los varones” como problemáticos, cualquier signo de “rareza” (accesorios, tatuajes y peinados) es sospechoso de estar en una banda, o si es amaneramiento homosexual. En ambos casos pueden ser objeto de “bullying”, acoso y/o expulsión.
La población femenina sufre otras prácticas discriminatorias distintas. El cuerpo de las niñas y adolescentes es continuamente cuestionado, vigilado y sancionado. Peinados, aretes, accesorios son factor plausible de expulsión. Es vigilada su forma de sentarse y caminar, con represión constante combinada de humillaciones y acoso. El personal docente y directivo impone continuamente un modelo de feminidad violándose así la individualidad y libertad de las estudiantes como sujeto con su propia identidad.
Las niñas y adolescentes que “vivan con novios” o que se embaracen tienden a ser excluidas y si no las expulsan tienden a ser humilladas y acosadas, provocándose aislamiento y casos de deserción.
Junto a estas prácticas discriminatorias sexistas encontramos unas relaciones entre estudiantes también cargadas de acoso, “bullying”, violencia tanto entre estudiantes de un mismo sexo como entre estudiantes de sexo diferente.
El sistema educativo ha establecido desde el Plan Decenal en la década de los 90 hasta la actualidad la necesaria transversalización del enfoque de género en los centros, sin embargo, no se ha aplicado. La población docente y directiva de los centros reproduce la desigualdad de género presente en nuestra sociedad y con ello fortalece una masculinidad violenta y una feminidad sumisa.
Urge la implementación de una política de género en los centros de forma efectiva de modo que el aula pase a ser un espacio donde el estudiantado se desarrolle en forma integral con relaciones horizontales entre docentes-estudiantes, estudiantes-estudiantes con programas artísticos y culturales que fomenten la integración de la población masculina a los procesos educativos e igualmente el empoderamiento de la población femenina en sus derechos. El sistema educativo tiene un rol fundamental en su aporte al cambio cultural hacia una sociedad democrática sin violencia y sin desigualdad.