Las desigualdades de estatus entre los individuos podrían ser materia de la composición social, pero cuando las fomenta el Estado entonces adquieren el carácter de discriminación y abuso.

Eso es aplicable cuando el Estado garantiza  puntualidad en el otorgamiento de beneficios económicos y fiscales a unos miembros de la sociedad, y en cambio retiene los beneficios legítimos de otros miembros no privilegiados de la sociedad.

Los privilegios les llegan puntualmente a  legisladores, pero en cambio se retrasan cuando se trata de humildes ciudadanos que esperan una pensión para poder comer.

Ese tipo de trato es el que fomenta las brechas en las sociedades y determinan que mientras unos miembros son atendidos a cuerpo de rey por el Estado, otros tienen que ir a la calle a protestar para tratar de conseguir el pago de pensiones.

El hecho de que varias organizaciones sindicales y  trabajadores portuarios montaran   una vigilia cerca del Palacio Nacional para reclamar  que el Gobierno pague RD$98 millones a miles de trabajadores pensionados de los puertos, ilustra de manera elocuente lo que estamos planteando.

Algunas brechas tienen el sello inconfundible de la discriminación.

El Estado no tiene dolientes

En el país se ha hecho costumbre dejar que el polvo del olvido sepulte  uno que otro escándalo.

Así ha ocurrido con serias irregularidades e indelicadezas que,  según resultados de auditorías de la Cámara de Cuentas, fueron cometidas en perjuicio del Seguro Médico de los Maestros (Semma), y con un fraude de 55,000 millones de pesos en Edenorte.

Este proceder tiene efectos muy nocivos, pues ni se sanciona a los culpables, si es que los hay, ni se limpia la imagen de los no culpables.

De ese modo, muchos perjuicios contra los intereses del Estado han quedado bajo el manto del olvido y la impunidad, sin que la Justicia establezca responsabilidades. Lo ocurrido en Semma y Edenorte son eslabones de una cadena de proceder que es posible en un Estado que parece no tener  dolientes que defiendan sus intereses.