En los últimos días se han dado a conocer con bombos y platillos, 18 auditorías realizadas por la Contraloría General de la República (CGR) a diferentes instituciones públicas, por el periodo comprendido entre el 1 de septiembre del 2020 al 31 de diciembre 2021. En ellas se dan a conocer una serie de irregularidades administrativas, vicios y violaciones a los controles internos, a la ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas; actos de corrupción administrativa y de colusión; pagos de obras no realizadas, distracción y malversación de fondos públicos, entre otras, ascendentes a cientos de millones de pesos, por lo que se espera se aplique un régimen de consecuencias para cada uno de los implicados por parte del Ministerio Público.

Es necesario señalar que el Sistema Nacional de Control y Auditoría está conformado por cuatro elementos: el Control Externo o posterior, que es el que realiza la Cámara de Cuentas de la República (CCRD), de acuerdo a la Ley 10-04; el Control Interno o previo, es el que realiza la CGR según la Ley 10-07, para verificar si las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) establecidas por esta en una institución pública se están aplicando correctamente, de lo contrario, aplicar las medidas correctivas y las responsabilidades correspondientes en cada caso; el Control legislativo o político, el que realiza el Congreso Nacional, en su rol de fiscalizar, legislar y representar a las comunidades; y el Control Social, que lo realiza la llamada sociedad civil, que es el más eficiente y efectivo. De todos ellos solo el Contralor o Contraloría General de la República, es designado por el Presidente de la República, de ahí su relación de dependencia del ejecutivo, por lo que está obligado a cumplir sus instrucciones.

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La publicación de dichas auditorías ocurre en el preciso momento que la CCRD atraviesa por una gran crisis institucional, de prestigio, confianza y credibilidad, cuyos miembros directivos están siendo investigados, corriendo el riesgo de ser sometidos a un juicio disciplinario por el Congreso Nacional.

Todo parece indicar que la publicación de las mismas obedece a un plan del Presidente de la República, procurando dar un golpe de efecto político sobre una supuesta transparencia y persecución a la corrupción administrativa en el manejo de los recursos públicos, ya que no es costumbre ni se estila que dichas experticias, que son de consumo interno, sean publicadas. Esto solo le corresponde hacer a la CCRD, a través de una resolución del pleno de miembros, que como órgano superior del sistema de control y fiscalización externa de los recursos públicos, puede servir de base para el sometimiento a la justicia de los funcionarios que violenten las leyes.

Constituye un adefesio, una falencia y aberración lo expresado por el vocero de la presidencia de la República, señor Homero Figueroa y de todos los que como él han opinado, de que “las irregularidades y violaciones encontradas en dichas auditorías son simplemente administrativas, procedimentales y subsanables, que la mayoría de ellas ya han sido corregidas y otras están en proceso de hacerlo”, tratando con ello, “querer tapar el sol con un dedo”. Las responsabilidades a ser aplicadas a esas graves faltas encontradas deben ser civiles y penales, según los artículos 48 y 49 de la Ley 10-04, de la CCRD. Estas solo se corrigen devolviendo al Estado los recursos distraídos y sustraídos por los funcionarios implicados, a través de su sometimiento a la justicia.

Por dichas irregularidades el Presidente de la República tendrá que destituir a dichos funcionarios y permitir que estos sean sometidos a la justicia por el Ministerio Público. Si no lo hace así, le hará un flaco servicio a la lucha por la transparencia, a la persecución de la corrupción administrativa y al fortalecimiento institucional, por lo que esta bandera que tanto se viene cacareando, no será otra cosa que «buche y plumas no más” y el propio Ministerio Público tampoco estaría actuando de forma independiente.