Hoy 
JOTTIN CURY HIJO
Desde hace algún tiempo la Embajada de los Estados Unidos ha estado actuando drásticamente contra políticos y empresarios hispanoamericanos vinculados al lavado de activos y la corrupción administrativa. Estas medidas han sido criticadas por unos y justificadas por otros; los que se ubican en una u otra posición cuentan con sólidos argumentos, pero no podemos limitarnos a los acontecimientos inmediatos que las generan, es preciso remontarse al pasado reciente y a nuestro desenvolvimiento institucional para ver el problema desde un ángulo más amplio.
El tema se ha colocado en el tapete con ocasión de la cancelación de la visa estadounidense a los acusados en el Plan Renove. El semanario «Diario a diario» reseñó el jueves 25 de noviembre que «había jueces que se sentían presionados de perder su visado -los que lo tenían- o de no conseguirlo -los que no lo tenían- si sus sentencias favorecían a los acusados en casos de corrupción o narcotráfico». Asimismo, este periódico informaba que el Presidente Bush enfatizó que los funcionarios públicos de los países amigos que fueran implicados en casos de corrupción no podían adquirir o mantener el visado para ingresar al territorio norteamericano, medida que alcanzaría además a sus familiares directos, como hijos o esposas.
Si bien es verdad que toda persona se presume inocente hasta que se dicte sentencia con autoridad irrevocable de la cosa juzgada, no menos cierto es que cualquier país tiene la soberana potestad para admitir en su territorio a los extranjeros que entienda calificados. Recientemente suscribimos un acuerdo contra la corrupción en Quito, que envuelve a 34 países de Latinoamérica, el cual consigna que ningún Estado del Continente dará protección a funcionarios gubernamentales o sus allegados involucrados en casos de corrupción. Ahora bien, ¿por qué los norteamericanos adoptan una posición tan enérgica sin esperar que los tribunales dicten sentencias sobre la culpabilidad o inocencia de los implicados?
Antes de responder esta interrogante, recordemos que hace apenas unos meses se dilucidó públicamente las diferencias de criterio entre el embajador norteamericano y el presidente de la SCJ en torno a la forma de administrar justicia entre nosotros. El asunto se debatió con ocasión de la quiebra de tres bancos, y los reclamos que ha estado formulando nuestro principal socio comercial a través de su representante diplomático para que se aplique rigurosamente la ley en estos casos. El más alto funcionario del Poder Judicial respondió que no aceptaba presiones foráneas y que los expedientes serían conocidos en su momento oportuno.
El tema, al igual que los procesos judiciales de cierta relevancia que se suscitan en nuestro medio, se diluyó en corto tiempo. Pocos hablan ya de la quiebra financiera que arruinó a nuestro país, del empobrecimiento experimentado por los contribuyentes que han tenido que pagar el dispendio de estos magnates del sector público y privado que no saben hacer otra cosa que erosionar fondos ajenos. Y es en este contexto que ahora los norteamericanos, sin esperar el final de un proceso judicial que quizás nunca comience, y en caso de empezar probablemente culmine de manera dudosa, han procedido a adoptar decisiones drásticas.
¿Quiénes son los responsables de que estas medidas se produzcan en países como el nuestro? Todos somos responsables, en razón de nuestra habitual permisividad frente a los actos de corrupción y la debilidad institucional que nos caracteriza. En consecuencia, nuestras críticas no deberían estar únicamente orientadas a las supuestas arbitrariedades de un ingerencismo foráneo, sino a lo poco que hacemos para ganarnos el respeto de la comunidad internacional.
Los acuerdos que hemos suscrito en materia de corrupción se limitan a señalar que los «implicados» podrán ser privados del visado, en modo alguno especifican la necesidad de una culpabilidad previamente comprobada por los tribunales competentes. La señal que nos envían con estas cancelaciones de visas es la siguiente: ya que en República Dominicana no se aplica la ley, aplicaremos a título subsidiario los acuerdos internacionales conforme a nuestro criterio.
Siempre he escuchado que la ley entra por casa, que se precisa el respeto propio para exigir el de los demás. Si no somos capaces de respetarnos, es poca la autoridad que tenemos para exigirle algo distinto a los que actualmente patrocinan cierto grado de moralidad para preservar las frágiles democracias hispanoamericanas.
