Las cantinas militares surgieron en el año 1963, en el Gobierno del Triunvirato, en compensación a los “valiosos servicios rendidos al país” por los militares en el derrocamiento del Gobierno del profesor Juan Bosch.

Mediante sus cantinas, que crecían como verdolaga, los militares importaban alimentos, licores y equipos domésticos de toda clase, libres de impuestos, que entraban en el comercio mayorista.

Los cigarrillos estadounidenses que se vendían a 80 centavos el paquete en los colmados de la ciudad, eran adquiridos por las Fuerzas Armadas a precios que oscilaban entre los 15 y 20 centavos y revendidos a los minoristas con enorme beneficio.

La situación se agravó cuando las cantinas aumentaron sus renglones de importación y pusieron en ellas hasta artículos de lujo. A partir de entonces, las ventas del comercio de todo el país disminuyeron alarmantemente y los contrabandos proliferaron vertiginosamente.

Lo que le puso la tapa al pomo fue la constitución, en junio del año 1964, de la compañía “Cantinas Policía Nacional, C. por A”, cuyos socios principales, que al integrar una sociedad por acciones pasaban a ser, según el Código de Comercio, “hombres de negocios, o sea negociantes”, con acceso a las fuentes de financiamiento.

Ellos eran los señores Belisario Peguero Guerrero, presidente; Apolinar Montás Guerrero, vicepresidente-secretario; Gaspar Salvador Morató Pimentel, tesorero-administrador; Rubén Darío González Núñez, Hermán Despradel Brache y José de Jesús Morillo López, vocales.

El doctor Antonio de los Santos Amarante, comisario. Belisario era Jefe de la Policía y Amarante asesor del jefe y consultor jurídico. Los demás ocupaban altas posiciones en la institución.

Establecida para “traficar en toda clase de mercancías, desde exquisitas joyas hasta todo tipo de vinos extranjeros, libres de impuestos”, la nueva compañía suscitó consternación e indignación unánime en los círculos sociales, políticos y económicos.

Los principales cabecillas de los partidos vigentes en la época, especialmente los pertenecientes a la Unión Cívica Nacional (UCN) y el 1J4, hicieron público un comunicado donde demandaban al Gobierno hacer algo a fin de evitar males peores en el futuro inmediato.

Después de varias reuniones, las asociaciones de comerciantes reclamaron del Triunvirato “la inmediata supresión de las cantinas militares y de la Policía Nacional, así como de las organizaciones comerciales que las alientan y abastecen”.

El reclamo fue satisfecho semanas después, pero la victoria resultó una ilusión. La vocación comercial de las Fuerzas Armas era demasiado fuerte y su deseo de ganancias un exceso tenaz. Además, el presidente del Triunvirato, doctor Donald Read Cabral, dependía en grado extremo de los militares como para atender las exigencias de la comunidad comercial.

Aunque privados de sus cantinas, los militares disponían de aviones y barcos que utilizaban en la adquisición de mercancías en el extranjero que surtían los negocios regenteados por los funcionarios militares.

El Triunvirato no hizo nada y fue en vano que la prensa dominicana se quejara de que únicamente fueran arrestados contrabandistas “de menor categoría”, mientras los “grandes” gozaban de una sorprendente impunidad.

De nada valió que la prensa señalara que el Gobierno no tenía que ir muy lejos para encontrar la fuente del contrabando, que estaba en los puntos militares aéreos y navales.