Está en el tapete en estos días la discusión sobre la modificación del Código del Menor para permitir la imposición de sanciones más graves a los menores de edad que entren en conflicto con la ley.  Esta discusión se enmarca dentro del debate más amplio sobre las causas de la delincuencia.  En el país se habla mucho de “imponer respeto”, de “autoridad” y de “pérdida de valores”, desoyéndose los argumentos que señalan que las causas de la violencia son estructurales.

Ahora, el estudio de Latinobarómetro para 2011 deja en evidencia que tienen razón los que llaman a atender las causas estructurales de la violencia en vez de reaccionar con mayor violencia.  Resulta que República Dominicana tiene la tasa más alta de jóvenes “ni-ni”, es decir, que ni estudian ni trabajan.  Son un 34% de los menores de 30 años, el doble (sí, leyó bien, el doble) del promedio latinoamericano y el más alto de toda Latinoamérica.

Es en este estado de cosas que se quiere abordar el problema de la inseguridad ciudadana apostando a la construcción de cárceles y no a la construcción de escuelas o invirtiendo en políticas sociales y de empleo.  Ese 34% de la población tiene unas expectativas de desarrollo personal muy limitadas.  Están siendo excluidos de la vida económica y social del país.  Nuestro sistema, y las soluciones que aplicamos a los defectos que en él percibimos, están marginando cada vez a más dominicanos. 

Es por eso que resultan inadecuadas las explicaciones morales a la violencia que nos rodea.  No es que seamos mejores o peores, es que muchos dominicanos no tienen opción, esperanza ni medios para salir de la pobreza.  Y cuando decimos pobreza no nos referimos a la ausencia de viajes al exterior, de automóviles o de ropa de marca (increíblemente, mucha gente aún cree que la pobreza es la ausencia de lujos).  La pobreza que sufre gran parte de los dominicanos es la carencia absoluta de los medios materiales para llevar una vida digna.  Es un estado desesperante y deshumanizante.

Para gozar de paz social y seguridad ciudadana lo que hay que vencer es la pobreza. Apostar por dirigir la violencia contra un grupo humano (la “mano dura” se reduce a reprimir a los hombres pobres) es una estrategia errada y peligrosa.  Primero, por la obviedad de que al hacerse eso se legitima la violencia como medio de respuesta.  Segundo, porque el papel del Estado es disminuir la violencia social.  Y esta toma muchas formas, la falta de oportunidades es una de ellas, quizás la más perniciosa.

Lo que hace falta en este país es tomarse en serio la Constitución de la República y su mandato al Estado de que procure “la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas”.  Esa, y no la paz del cementerio, es la definición constitucionalmente aceptable de paz y seguridad ciudadana.