El país se debe mover sobre una línea muy fina entre mitigar las externalidades negativas del consumo y la amenaza que representa un aumento del mercado ilegal

Asumiendo que los impuestos a las bebidas alcohólicas son saludables porque contribuirían a reducir el consumo y, en consecuencia, se produciría una merma de las externalidades negativas, como son problemas de salud y una baja en la productividad laboral, a la vez que aumentaría los ingresos del Estado, hay una corriente que aboga por un incremento en la carga impositiva, sin tomar en cuenta el impacto sobre el mercado ilegal.

¿Qué dicen los estudios?

Un estudio hecho en Chile durante el Gobierno de Michelle Bachelet concluyó en que la elasticidad en el precio de las bebidas alcohólicas es en promedio de -0,5, lo que nos dice que la demanda por alcohol es relativamente inelástica. Si fuese fuera perfectamente inelástica, el aumento de tasas no tendría efecto alguno sobre el consumo.

De ahí que el estudio concluyera en que aún con un aumento de impuestos, el consumo podría caer de forma importante, reduciendo externalidades negativas del consumo excesivo.

Pero al mismo tiempo reconoce que la evidencia nos dice que la demanda por alcohol es inelástica, por lo que un alza en el precio genera una disminución de su consumo menos que proporcionalmente, y esto haría que el alza en los impuestos no tenga la fuerza necesaria como para reducir de forma significativa las externalidades negativas que provoca.

Además, este estudio hecho en Chile cojea de una pata: no aborda el impacto de los aumentos de impuestos sobre el mercado ilegal de bebidas alcohólicas.

Sobre este tema, el Centro Internacional de Impuestos e Inversiones (International Tax and Investment Center, ITIC) ha publicado una investigación sobre el alcohol ilegal que revela que las altas tasas impositivas sobre estas bebidas pueden dirigir a los consumidores al mercado ilegal del alcohol, lo que representa una gran amenaza tanto para la salud como para las finanzas públicas.

Los expertos que elaboraron ese estudio se apoyaron en una investigación del alcohol ilegal en Colombia, República Dominicana, Malasia, Sudáfrica y el Reino Unido.

En consonancia con el informe “Comercio ilegal en sectores de alto riesgo” de la OCDE, la investigación arrojó que la diferencia de precio significativa entre las bebidas alcohólicas lícitas e ilícitas es uno de los principales impulsores del mercado ilegal.

“Si los consumidores tienen dificultades para adquirir bebidas alcohólicas legales, recurrirán a bebidas ilegales más baratas que pueden ser muy peligrosas y potencialmente letales”, plantean los investigadores, ofrecieron datos que avalan su afirmación: en dos meses en Perú y Ecuador se reportaron más de 60 muertes entre ambos países como consecuencia del consumo de alcohol ilegal.

La investigación plantea que las políticas de impuestos especiales deben considerar el tamaño y la forma del mercado ilegal de alcohol, el poder adquisitivo del consumidor, la posición fiscal general del país y las tasas especiales en los países vecinos para desalentar con éxito el mercado ilegal.

En el caso de la República Dominicana, donde se estima que el comercio ilícito alcanza el 30%, uno de los más altos de América Latina y el Caribe, los impuestos a las bebidas alcohólicas oscilan entre el 40% y el 50% del precio.

Tras la reforma tributaria del 2012 (ley 253-12), se produjo una disminución en el consumo en el mercado legal. No se ha hecho estudio que determina qué proporción de la caída en el mercado legal fue cubierta por el mercado ilegal, pero sí fue motivo de alarma que en el país se reportara la muerte de más 400 personas entre el 2020 y el 2021 por consumo de bebidas alcohólicas adulteradas.

Habrá que determinar si lo que se quiere es la quimera de un futuro sin alcohol o uno en el que la industria, además de generar empleos y divisas, compense adecuadamente con su aporte al fisco las externalidades negativas que genera su consumo, sin que los impuestos sean irrisorios ni tampoco ni tampoco tan gravosos que empuje al mercado al ilícito, lo que agravaría las externalidades negativas por los problemas de seguridad que generaría y por la ausencia de controles de calidad.

Esto sería incompatible con el objetivo de los impuestos saludables: reducir el consumo de productos no saludables, generar ingresos fiscales, reducir costos de atención médica y aumentar la productividad laboral.