Desde hace varios meses, comunidades de casi todo el territorio nacional se han estado movilizando, a su manera y con sus recursos disponibles, en interés de mostrar al Gobierno sus necesidades prioritarias y  para reclamarle que vaya en su auxilio. Son comunidades pequeñas, urbanas y rurales, con necesidades igualmente pequeñas y primarias. Piden arreglos de caminos vecinales, de canales de riesgo y de puentes. Construcción y reparación de escuelas y de clínicas; nombramiento de médicos y de maestros; reparación de carreteras y de calles; suministro de agua potable y la instalación de pequeños sistemas que permitan eliminar las aguas  residuales. También piden la terminación de obras públicas que llevan largo tiempo de iniciadas y cuyo final parece que no llegará nunca. A estas solicitudes añaden, con relativa frecuencia, la persecución de maleantes que se dedican a robar, a asaltar y a intranquilizar  la población.

La tentación de los funcionarios públicos es vincular estas manifestaciones y reclamos a intereses partidarios. Y razonan que, por lo tanto, no son tales necesidades y que se trata del interés de los partidos de oposición de dañar la imagen del Gobierno o de presentar la realidad con rasgos sombríos y negativos. Más allá de esta lógica propia del mundillo político dominicano, la realidad es que las necesidades existen, que están ahí y  las comunidades solicitan que se resuelvan.

El Gobierno debe responder y hacerlo con prontitud y eficiencia. Cada ciudadano y ciudadana tiene derecho a disfrutar de una buena calidad de vida, a tener agua potable, escuelas, centros médicos, caminos vecinales y carreteras adecuadas. El Gobierno tiene la obligación de incluir estos reclamos en su carpeta de prioridades, tan importantes, tan vitales y tan necesarios para la  vida decente como las avenidas, los elevados, los trenes, las urbanizaciones, las ferias y los templos que se levantan en las grandes  ciudades y en los polos turísticos.

El argumento de que  hay deseos y voluntad pero no hay recursos suficientes para atender estos reclamos, no es válido. Hay recursos. Lo que se necesita es una política de distribución más equitativa en términos territoriales y una conciencia de que dominicanos somos todos, los que vivimos en los grandes  centros urbanos y los que residimos en pequeños y alejados municipios, poblados y barrios. Las comunidades se están pronunciando y quieren ser escuchadas. Nosotros creemos que necesitan ser oídas y que deben ser oídas.