Finalmente, el presidente Medina dice haber comenzado un proceso de consultas con diversos sectores y actores políticos, empresariales y sociales para someter un proyecto de ley que contemple la solución del tema de la sentencia TC 168-13, una solución que no puede ser otra que reconocer el derecho a la nacionalidad dominicana a cerca de 200 mil personas que serían afectadas por un dictamen contrario al artículo 118 de la Constitución del 2010. El estrechamiento del cerco internacional por causa de ese veredicto, obliga al Presidente y particularmente a su partido a dar una salida al problema.

Para que las consultas tengan éxito, es necesario que se ponga de acuerdo con el presidente del partido de gobierno, Leonel Fernández, y con el temple que a ambos le ha faltado, salgan del miedo y de la condición de rehenes del grupito de retardatarios ultranacionalistas y creen las condiciones para sacar el país del aislamiento internacional en que poco a poco hemos ido cayendo. También es necesario que los grupos empresariales, ligados al turismo y de los sectores productivos y comerciales vinculados al mercado haitiano, entre otros, asuman una actitud más responsable.

Igualmente, en la lucha contra los efectos perversos de esa sentencia inhumana e inconstitucional se requiere un involucramiento más activo de sectores de la oposición política y de la sociedad civil. Para que se exprese la responsabilidad cívica y política de esos sectores, los primeros que deben asumir una actitud más proactiva y responsable son los dos más altos dirigentes del Gobierno y de su partido.

En tal sentido, deben enfrentar a tantos funcionarios del Gobierno tan proclives a hacer declaraciones destempladas y hasta desafiantes relativas al tema frente a su Presidente; que cometen acciones como la del impedimento de salida a Julia Deguis, por orden del ultranacionalista director de Migración. La acción de ese ministro, vale decir del gobierno, demuestra que por esa sentencia, esa señora y quienes están en su misma condición han devenido rehenes del Estado dominicano, que están condenados a la muerte civil y que viven el peor drama que ser humano alguno pueda vivir: no tener documentos de identidad.

También, resultan inconcebibles las reiteradas declaraciones de Reynaldo Pared, presidente del Senado y secretario de organización del partido de gobierno. Este, como otros dirigentes de esa organización, ha asumido el discurso radical de los ultranacionalistas, sin que el presidente del PLD haya asumido la responsabilidad de convocar su Comité Político para enfrentar esa absurda e imprudente actitud al tiempo de fijar una posición oficial sobre el tema de la TC 168-13.

La TC 168-13 ha servido para hacer más claras las inconsecuencias e irresponsabilidades de la alta dirección del PLD en la conducción del Gobierno y de ese partido que, en esencia, son causas y efectos de la falta de institucionalidad, de inobservancia de la Ley y de la opacidad de la imagen y credibilidad del país a nivel internacional. También, que el Estado y el Gobierno dominicanos están en manos de una asociación de grupos y de personas con autonomía relativa que les permite servirse de esas instituciones.

En sus consultas, el presidente deberá reflexionar sobre ese contexto.