República Dominicana y Haití comparten el territorio de la Hispaniola y eso los obliga a un tratamiento mutuo de buena voluntad, con respeto de las leyes y sin desmedro de la soberanía de cada Estado. Lamentablemente, en declaraciones a la agencia noticiosa Efe, la  primera ministra del vecino país, Michelle Pierre-Louis, invoca las repatriaciones de indocumentados haitianos como uno  de los  elementos que provocan  deterioro de las relaciones bilaterales, cuando en realidad se trata de un ejercicio legítimo de soberanía. Extraño resulta que las repatriaciones masivas de haitianos desde Estados Unidos no deterioren las relaciones bilaterales entre esa nación y Haití.

 Al deterioro de las relaciones bilaterales contribuye la actitud del Gobierno haitiano, de no ponerle freno a los desmanes que cometen contra transportistas dominicanos las bandas que cobran cuantiosos peajes para permitirles circular en su territorio, creando una parálisis en el intercambio comercial. Al deterioro contribuyen declaraciones con las que se trata de  presentar como política de Estado, los incidentes aislados que frecuentemente se producen entre dominicanos y haitianos. La voluntad hacia unas relaciones armoniosas se demuestra en la práctica con una diplomacia ajustada al contexto real de los elementos que han provocado el deterioro de los vínculos. No de otra manera.

El país espera explicaciones

El país merece explicaciones acerca de los criterios jurídicos y administrativos que sirvieron de fundamento a la aprobación en el Senado de un contrato de concesión por 99 años  en favor de una firma que solo tiene RD$500,000 de capital y que pretendería construir un complejo hotelero de US$563 millones en Barahona.  No se conoce de una enajenación tan prolongada de patrimonio del Estado y bajo condiciones que generan tanta suspicacia.

Este contrato desafía las normas del Derecho Administrativo y coloca propiedad del Estado en manos extranjeras durante un tiempo demasiado prolongado. Los abogados Francisco Domínguez Brito y  Julio Cury, por separado, han cuestionado severamente la aprobación de este contrato de concesión. Ni siquiera está claro cuál provecho sacaría el Estado de poner su patrimonio en manos ajenas en estas circunstancias. El país merece una explicación y, mientras, que este contrato quede en suspenso.