La crisis que afecta al Seguro Familiar de Salud (SFS) del Régimen Contributivo con la salida masiva de los médicos contratados por las ARS, genera incertidumbres e impacta negativamente a todos los afiliados del sistema. Por lo tanto, debe buscarse una solución que sea satisfactoria para las partes sin vulnerar los derechos de la población afiliada y sin afectar la sostenibilidad social y financiera del SFS.

Los enfrentamientos entre médicos, clínicas y las ARS han sido recurrentes desde el inicio del Seguro Familiar de Salud en el Régimen Contributivo. Para poner algunos ejemplos, en el año pasado, todas las Sociedades Médicas Especializadas se sumaron a un paro general de 48 horas en contra de las ARS; en el 2015, una Sociedad Médica se desafilió por dos años de una ARS grande; y en el 2011, las clínicas que pertenecen a la Asociación de Clínicas Privadas (ANDECLIP) ajustaron unilateralmente las tarifas a los afiliados del Seguro Nacional de Salud (SENASA) generando una crisis de desafiliación de la red de dicha ARS.

Los argumentos que presentan los médicos y las clínicas es que las tarifas no se han ajustado conforme a la inflación que afecta al sector salud. También que algunas ARS limitan la entrega de códigos de contratación, maltratan a los médicos, actúan con discrecionalidad y ejercen un fuerte poder de compra y supervisión que afecta a los prestadores en general. Por su parte, las ARS argumentan que el ajuste de tarifas debe basarse en la entrada de la atención primaria (primer nivel de atención) y el establecimiento de tarifas diferenciadas según el nivel y la calidad del centro.

Puede leer: Sangre creada en laboratorio se transfunde por primera vez a las personas

Pero en el medio están los afiliados, los grandes afectados por la interrupción del servicio y el uso de su seguro de salud. No hay estimaciones de lo que le cuesta al bolsillo y a la salud de los afiliados. El impacto financiero es alto y aumenta las barreras de acceso a un servicio de salud de calidad a la población afiliada.

Tradicionalmente ante las reiteradas crisis, las autoridades, que regulan y supervisan el Seguro Familiar de Salud, han actuado con mucha pasividad, en un rol de mediación, y de manera reactiva. La ley 87-01 que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social les otorga un mandato claro para intervenir y garantizar la protección a la población afiliada, por lo que urge que se proceda en tal sentido.

Ningún actor puede o debe actuar de manera unilateral afectando los intereses de otros, y menos de los afiliados. Buscar una solución integral a estas confrontaciones que afectan a los afiliados no resiste más parches, sino de soluciones definitivas que puedan sentar las bases de un seguro familiar de salud robusto y que cumpla con los objetivos por el cual fue creado. El conjunto de soluciones no es grande, y no exige cambios en lo inmediato de la ley 87-01. Requiere un fuerte compromiso de todos los actores que conforman el SFS.

Avanzar en tal dirección implica definir una hoja de ruta con acciones de corto y mediano plazo que fortalezcan el SFS, disminuyendo el gasto de bolsillo y garantizando atenciones integrales y de calidad a los afiliados. Recordemos que todos los actores y partes involucradas son necesarias para el funcionamiento del SFS y que su objetivo es la protección de la población afiliada