Aún cuando el Presidente y su equipo económico atribuyen las causas de la presente crisis económica a una serie de agentes, desde los atentados terroristas al choque externo, desde Baninter hasta los empresarios evasores, desde los cambistas especuladores hasta los comunicadores pesimistas, lo cierto es que la presente administración tiene una alta cuota de responsabilidad en el agravamiento de la crisis y con la totalidad si la situación desemboca en un colapso financiero y social.

Es cierto que la economía dominicana desde el 2001, pero especialmente en el 2002, sufrió el embate de un choque externo, cuantificable con un déficit en cuenta corriente de US$481.6 en el primer semestre y de US$875.2 en todo el año, pero el impacto de la desaceleración mundial y los atentados terroristas fue más que amplificado por un gobierno que no entendió el momento económico y pretendió replicar las tasas de crecimiento de la década anterior con una política fiscal expansiva justo en el momento donde los generadores de divisas sufrían el impacto recesivo. En el primer semestre del 2002 el turismo decreció en 8.6% y las zonas francas en 12%, entretanto el PIB aumentó 6.8%. Crecimiento inorgánico alimentado por un aumento del gasto público y por la inyección de US$500 millones de la primera emisión de bonos soberanos en proyectos de inversión, una buena parte de los cuales fueron de dudosa rentabilidad financiera, aunque de alta rentabilidad política expresada en un arrollador triunfo en las elecciones congresionales y municipales.

Esa errada política expansiva creó las condiciones para los desequilibrios macroeconómicos y el incremento de la desconfianza y significó, antes del colapso de Baninter, causa eficiente de la depreciación del tipo de cambio de 8% entre diciembre y agosto, cifra que superaba en más de 100% la devaluación promedio anual de la última década. Por supuesto desde el mismo primer trimestre del 2002 las cifras mostraban un incremento en la fuga de capitales.

Luego sobrevino la quiebra fraudulenta de Baninter, de un impacto demoledor sobre los niveles de confianza en los mecanismos de supervisión de este y anteriores gobierno. Quiebra que pudo haberse llevado de encuentro el resto del sector financiero- y de hecho fue una de las causas del colapso de Bancrédito y el Mercantil- sin embargo, la magnitud del agujero financiero, estimado en US$2,200 millones, fue innecesariamente amplificado cuando las autoridades decidieron devolver los depósitos a todos los ahorristas, independiente del monto, violando así el artículo 64 de la Ley Monetaria.

Las autoridades pudieron ser 20 veces más flexibles a lo estipulado en el Fondo de Garantía, reconociendo los depósitos hasta RD$10 millones y los de Baninter Trust hasta US$500 mil y de seguro el impacto del salvamento jamás hubiese sido tan devastador como este que ha postrado fiscalmente al propio gobierno y reducido a menos de la mitad el ingreso real de las mayorías.

Por supuesto las motivaciones políticas han pesado sobre las económicas y el gobierno prefirió salvar una parte de las riquezas a medio centenar de dominicanos, a expensas de que todos los ciudadanos de este país durante los próximos años suframos el rigor de los ajustes, la evaporación de los resultados positivos e una década de prosperidad y el descenso de muchos peldaños en la escala social a la clase media y del tope de fondo a los más pobres.

Tras los errores de la política expansiva del 2002 y el rescate de los mega-ahorristas de Baninter en el 2003 parecía las autoridades habían aprendido la lección y que la firma de un acuerdo con el FMI significaba el retorno a la racionalidad económica y el cumplimiento estricto de los compromisos y los topes con la finalidad de recuperar la credibilidad de los agentes económicos. Pero muy poco duró la alegría y a pocas semanas de la primera revisión los brillantes asesores del Presidente lo embarcaron en la aventura de comprarle apagones a Unión Fenosa, de paso amplificar el agujero fiscal, los niveles de endeudamiento externo e interrumpir el acuerdo con el FMI.

Los fundamentos de la economía dominicana están intactos y en auge, especialmente turismo y zonas francas, el sector financiero correctamente manejado ha resistido perfectamente los embates cambiaron y la ola de rumores, sin embargo, la crisis de confianza, el suspenso en torno a un nuevo acuerdo con el FMI y la incubación de una crisis severa a lo interno del PRD, por los afanes continuistas del Presidente Mejía, amenazan a la República con una profundización de la crisis financiera en las próximas semanas.

Los empresarios, los economistas, los religiosos, las multinacionales clasificadoras de riesgo crediticio, el gobierno norteamericano y hasta el ciudadano común perciben la gravedad de la crisis, entretanto el gobierno aparenta estar cruzado de brazos y sus energías concentradas en la reelección.

El tiempo se agota, y si las autoridades no arriban a un nuevo acuerdo con el FMI en el transcurso de este año, podría producirse un cataclismo financiero en las primeras semanas del año nuevo.