Cada vez que un servicio público básico falla o se torna inestable, se reduce también el poder adquisitivo de la gente que está obligado a usarlo, surtiendo el mismo efecto en la practica que la terrible inflación.

Estuve buscando informaciones en los portales oficiales, acerca de cuanto dinero han tenido que buscar extras para pagar atenciones en clínicas privadas para los dominicanos y dominicanas, que no pudieron ser atendidos en los hospitales públicos.

De igual manera, busque información sobre lo que les cuesta a los usuarios del Metro de Santo Domingo movilizarse fuera de este cuando falla, tampoco encontré a cuanto asciende el costo por compra de combustibles, mantenimientos a plantas eléctricas, inversión en baterías para inversores, o saber; cuanto deja de producir un pequeño negocio por causa de los apagones.

Puede leer: Dudoso destino del desorden negociado en sociedades desbordadas

La verdad es, que no encontré esas estadísticas y dudo mucho que alguien desde el gobierno las lleve, sin embargo, esos sobre costos de manera silenciosa drenan los presupuestos y hunden el poder adquisitivo de la gente por debajo de la línea, obligándolos a sobre endeudarse para poder seguir respirando.

Uno de los principales desafíos a los que permanentemente están sometidos los gobiernos democráticos que apuestan a mantener la paz social y la estabilidad, es a jamás perder la sensibilidad social, sin importar todos los logros y éxitos que puedan alcanzar.

Por tanto, es fundamental que el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, se mantenga enfocado en mejorar constante la eficiencia y calidad de los servicios públicos, invirtiendo en infraestructura, capacitación de personal, sistemas de control y supervisión efectiva.

La deficiencia en los servicios públicos resulta ser un golpe mortal para la clase pobre, ya que agrava las dificultades a las que se enfrentan diariamente.

Las constantes fallas en servicios vitales como la electricidad, educación, salud y transporte colectivo, dejan prácticamente sin mucha capacidad de maniobra a un amplio segmento de la población.

Luce un tanto inverosímil, que a pesar de ser este uno de los gobiernos que cuenta con el mayor numero de funcionarios públicos, con las mayores calificaciones profesionales de los últimos 50 años, con Master (M.S. / M.A.), Doctorado (Ph. D.), Post-doctorado, gran experiencia gerencial y empresarios súper exitosos.

No hayan implementado herramientas de medición y evaluación que les permitan saber constantemente el nivel de satisfacción o inconformidad que siente la gente cuando demanda, recibe o le fallan los servicios públicos.

Procurar soluciones eficaces y eficientes a los principales problemas que afectan a la población de menores ingresos, continua siendo una tarea pendiente para la actual gestión gubernamental. Claro, a menos que estas “aparentes fallas”, no se traten de ineficiencias programadas, con el objetivo de posicionar en el animo de la población, la necesidad de privatizar esos servicios para que sean nuevamente “eficientes”.