En los medios de comunicación, tanto televisivos, escritos o radiales, como también en la red, se leen y se escuchan diariamente a periodistas y comunicadores denunciar los graves actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos asalariados, congresistas, alcaldes, regidores y contratistas de obras del Estado, sin que se movilice la acción pública para que el peso de la ley caiga sobre los infractores. Es más, ninguna dependencia del Estado toma la iniciativa para investigar y determinar la veracidad de lo denunciado, a fin de que se tomen acciones correctivas y llevar ante los tribunales a los denunciados, con la finalidad de comprobar la veracidad de los hechos imputados. ¡Qué falta nos hace una Dilma Rousseff y su Menselao!

El problema se agrava porque la ciudadanía inconsciente no asimila, que los recursos dilapidados o sustraídos por estos políticos corruptos, no son más que los que ellos versan como impuestos, supuestamente para que los mismos sean destinados a fines de obras de desarrollo y acciones destinadas para el bien social. Sin embargo, al ser distraídos los mismos por reiterados desfalcos y malversación recurrente, se disminuyen las obras públicas que el Estado está en el deber de realizar con los arbitrios que percibe.

Se afirma que todos los gobiernos, unos más que otros, han incurrido en graves actos de corrupción, pero a partir del año 1998 los mismos han tomado un rumbo desproporcionado, rayano en la quiebra estatal por el mal uso, de parte del Gobierno dominicano. No obstante, seguimos endeudándonos, ya que mientras haya una institución o gobernante que piense que podemos pagar, nos prestan a borbotones. Lo peor del caso es, que con la actual deuda pública de más de 23,000 millones de dólares, los expertos del Fondo Monetario han advertido que el total de nuestro adeudo asciende al 47% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que nos coloca al borde de caer en situación de impago al tener que versar altos intereses, lo cual frenaría nuestra expectativa de crecimiento. Entonces, el pueblo dominicano, sus habitantes, hijos, nietos, biznietos y hasta tataranietos, estarán obligados a pagar lo que unos cuantos prevaricadores, basándose en su poder político, dispusieron a su libre albedrío, a sabiendas que no eran ellos los que debían pagar tan enorme fardo.

Todavía el Gobierno tiene la costumbre, de cuando no puede pagar un compromiso previamente acordado a cierto plazo, recurre al endeudamiento, muchas veces con una elevada tasa de interés. Debería existir en el país un organismo que sirva de barómetro para determinar hasta qué grado puede seguir endeudándose el Estado, ya que recurrir a préstamos podemos llegar como la Argentina, a que se nos declare en situación de impago y hasta ahí llegó la posibilidad de seguir este endeudamiento que se convertirá muy pronto, de no ponerle un alto, en una espada de Damocles y estaremos afilando cuchillo para nuestra propia garganta. Otro organismo, además de la ley sobre partidos políticos, debería depurar los cientos de vergonzosas jubilaciones en la cual ese político, no solo cobra exageradamente por el tiempo que fue funcionario público, sino que continúa laborando y cobrando descaradamente el salario por la totalidad de su sueldo. Además ¿Por qué se le permite a funcionarios encumbrados hacerse aumentos desmesurados de sueldos, sin que nadie objete este impúdico proceder? También, será justo que además de su elevado salario, altos funcionarios cuando asisten a un directorio de una empresa estatal, cobran hasta RD$300,000.00 por un promedio de dos horas.

Ahora bien ¿Por qué actúan así los poderosos políticos? En primer lugar, porque los llamados a aplicar justicia, o son unos incompetentes, o prevarican consciente y constantemente en la toma de sus decisiones, de igual modo en las sentencias que emiten. En segundo lugar, por la apatía e ignorancia del pueblo dominicano en materia política, que se deja engañar. Los depauperados por unas dádivas vergonzantes y los otros, por no tener conciencia de lo que significa la unidad de acción para combatir la corrupción. En tercer lugar por la componenda entre políticos corruptos: “hoy por mi, mañana por ti” y enseguida aplican el “borrón y cuenta nueva”. Nuestra justicia está plagada de jueces y fiscales venales. El Congreso, con su barrilito y cofrecito, su descomposición se huele a la distancia. Los políticos de turno están anquilosados y sólo piensan en engrosar su patrimonio y muchos dominicanos son propensos a la adulonería o a la lambonería (palabra aceptada por el diccionario del Español Dominicano, página 406), cualidades negativas que cual enfermedad patógena, les impide denunciar o al menos identificar, a los impostores que cada cuatro años nos engañan olímpicamente en las elecciones.

En esta era de la globalización, el internet y otras redes informativas, si los ciudadanos conscientes y no comprometidos no nos abocamos a formar un bloque o una agrupación que nos permita, primero, recomponer la justicia, para que sea verdaderamente imparcial a la hora de condenar a los infractores de la ley y después, concienciar a los honestos e indecisos para que mancomunadamente nos unamos, caso contrario, el futuro de nuestro país es sumamente incierto y eventualmente podríamos ser declarados al igual que nuestro vecino, en un estado fallido.