Las deudas pendientes del Ministerio Público para el 2022. Tras asumir el mando de la Procuraduría General de la República (PGR), Miriam Germán Brito, junto a los procuradores adjuntos y titulares de la Procuraduría Especializada de Persecución Contra la Corrupción Administrativa (PEPCA), Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho ha iniciado una serie de investigaciones que han llevado al banquillo de los acusados a más de una veintena de personas. Entre estas se cuentan a altos funcionarios de la pasada gestión del gobierno del presidente, Danilo Medina, y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Inclusive, recientemente se han sumado nuevos nombres a la lista de encartados en expedientes como los de la operaciones AntiPulpo y Falcón.

Diversos sectores de la sociedad dominicana han celebrado la celeridad y diligencia con la que el Ministerio Público ha presentado estos expedientes ante la corte y ventilado los detalles en la prensa nacional. Sin embargo, aún hay otras investigaciones que se han quedado rezagadas en la agenda de las autoridades persecutoras de lo ilícito.

Las investigaciones que han logrado dar apertura a juicio contra los acusados aún no se han cerrado y más del 90% de los encartados en operaciones como Medusa, Número 13, Coral, Coral 5G, AntiPulpo, Falcón y Larva en la actualidad cumplen prisión preventiva como medidas de coerción (la mayoría 18 meses de cárcel). No obstante, existen otras que aún esperan respuesta.

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¿Cuáles faltan?

Entre los casos que aún esperan respuesta por parte del Ministerio Público están la reciente investigación contra la exministra de la juventud, Luz Del Alba Jiménez, cuyo expediente se encuentra en manos de la PEPCA (según reveló la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG)). También, se espera conocer respuesta de las autoridades sobre la propia investigación a la que fue sometida la primera titular de esa misma entidad nombrada por el presidente, Luis Abinader, Kisnberly Taveras, empero, de esta aún se desconoce el estado de esa investigación.

Otra investigación cuyo avance se ha catalogado como «Lento» es precisamente la Operación Caracol que activó el Ministerio Público contra los exmiembros de la Cámara de Cuentas. Además, se espera conocer también qué ha pasado con la denuncia del exdirector de Radio Educativa Dominicana sobre irregularidades en esa dependencia del Ministerio de Educación.

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También se espera una actualización es la que se lleva contra Adán Peguero, exdirector del Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM), institución en la que se denunció irregularidades en la relación con una compañía proveedora. Además, el propio alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, espera los resultados de una auditoría realizada a gestiones pasadas en ese cabildo, pero en este caso la institución responsable es la Cámara de Cuentas.

En el caso de Víctor Gómez Casanova, quien fue mencionado recientemente por el Ministerio Público como beneficiario directo de las operaciones ilegales que se ejecutaron por la red señalada en el expediente AntiPulpo, también se espera sabe qué hizo la PEPCA con los resultados de la auditoría presentada en un programa de investigación periodística que también reveló serias irregularidades durante su gestión en la Autoridad Portuaria Dominicana.

¿Por qué se espera respuesta del Ministerio Público?

Recientemente, el ministro administrativo de la Presidencia y presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, reveló en una entrevista que el Gobierno no perseguiría los actos de corrupción de este o de Gobiernos pasados y que para eso existía un Ministerio Público independiente. Es decir, que esta era una tarea exclusiva de la Procuraduría por lo que es este organismo el que se tiene que encargar directamente de iniciar todos los procesos contra las irregularidades que se detecten sin importar cómo se descubran las anomalías, lo que en la práctica está llamada a hacer la entidad y ha hecho en esta nueva gestión.

Esta es precisamente la razón por la que diversos sectores se han hecho eco del llamado a la PGR y la PEPCA para que dé respuesta a los casos que aún faltan por llevar hasta la justicia.

No obstante, se recuerda que desde hace años el sector justicia demanda del Poder Ejecutivo un mayor presupuesto para poder eficientizar sus acciones contra lo ilícito, mejorando la inversión en infraestructura, recursos humanos y herramientas para la investigación y estructuración de expedientes a la hora de presentarlos ante la corte. A esta queja se suma también la actual procuradora Miriam Germán Brito.

A este año le restan solo nueve días y hasta el momento se desconoce si quiera si el Ministerio Público se mantiene trabajando en los casos antes mencionad, por lo que se especula que de darles seguimiento será, como mínimo, a partir de enero de 2022.