Hacia finales del Siglo XVI y principios del Siglo XVII los habitantes de la costa norte y zona occidental de la Isla de la Hispaniola mantenían un continuo comercio de contrabando, principalmente con holandeses y portugueses, perjudicando las rentas de la Corona Española. Esta situación dio motivo a la emisión de una ordenanza real al Gobernador de ese entonces Domingo de Osorio que llevó a la destrucción en el año 1606, hace 398 años de las poblaciones de Puerto Plata, Montecristi, Bayajá y Yaguana, poblaciones que dieron orígenes a la fundación de dos ciudades ubicadas cerca de la capital de la isla, Monte Plata y Bayaguana. A esta inhumana e imprudente decisión la posteridad le ha llamado «La devastación de Osorio».

Esta acción dejó sin protección las tierras de esas regiones y abrió las puertas para que corsarios ingleses, franceses y holandeses entre otros, incursionaran a sus anchas para proveerse de provisiones principalmente con la caza de reses. A medida que se intensificaban esas incursiones las tierras se fueron poblando de los que luego se llamaron bucaneros, siendo la semilla que dio origen a la posterior división de la isla en la parte española y la parte francesa, surgimiento de la Republica de Haití, 198 años después de esa infausta decisión.

La Republica Dominicana se apresta a entrar en un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América en un momento muy difícil para la economía de nuestro país. Si nos preparamos adecuadamente podríamos obtener enormes ventajas. La Junta Agro empresarial Dominicana (JAD) esta jugando un papel muy activo como lo ha venido haciendo en Ginebra desde los años noventa, en resguardo de los intereses de ese sector, logrando obtener plazos que permitan la gradual apertura de los productos agrícolas a la competencia externa, mientras se mejoran sus niveles de productividad y se reducen y eliminan los subsidios a los productores agrícolas de las principales economías desarrolladas

En cuanto al sector industrial, la pasada semana asistí junto a mi esposa, abogada especialista en Comercio Internacional de una universidad francesa, a un seminario taller auspiciado por la Asociación de Industria de la Republica Dominicana para dar a conocer a los empresarios de ese sector los resultados de la segunda ronda de negociaciones llevada a cabo en Puerto Rico, así como los puntos de agenda para la tercera y final ronda que se esta celebrando en la ciudad de Washington. Lo que escuche ahí me puso los pelos de punta, pues para mi humilde percepción pocas empresas resistirán los vientos del huracán.

Sin embargo, para mi sorpresa, entre la audiencia encontré muy poca presencia de empresarios de ese sector. La mayoría, al igual que yo, eran personas interesadas en profundizar sobre el tema que allí se exponía.

Exponer a las empresas nacionales a la competencia de bienes de la economía más poderosa del mundo o acceder a ella, supone una preparación previa de asistencia técnica y financiera que permita a esas empresas emprender proyectos que mejoren sus niveles de productividad en las áreas de producción, organización y mercadeo entre otras. Para eso necesitan además un ambiente macroeconómico de estabilidad sostenida donde puedan planificar sin encontrar sorpresas de fluctuaciones bruscas en el valor de sus activos y flujos monetarios y se beneficien de abundantes y baratos recursos financieros para el fomento de la inversión, que desgraciadamente no existen ni existirán por ahora en este mercado bajo el actual sistema monetario.

Desconocer esta realidad es no entender lo que acontece actualmente en nuestra economía, pensando que este crucial problema lo va a resolver un simple acuerdo financiero con el FMI, o una ingeniería financiera que solo sirva para postergar un problema, que no eliminará el riesgo de cambio ni las debilidades institucionales y cuya única solución permanente se sostiene con la eliminación de nuestro signo monetario y su sustitución por el dólar norteamericano.

En una década de estabilidad y reducida inflación de solo un dígito, como sucedió en la de los pasados años noventa, fue imposible reducir la tasa de interés real activa en moneda nacional por debajo del 10% debido a lo que se conoce como riesgo cambiario, igual a lo acontecido en El Salvador. Nuestros políticos y nuestra sociedad no tienen otra alternativa que no sea la dolarización, con el fin de construir rápidamente la confianza, eliminando el riesgo cambiario, disminuir el riesgo país y permitir que nuestros productores nacionales para poder competir puedan operar con una moneda estable teniendo acceso a abundantes recursos financieros a mediano y largo plazo con bajas tasas de interés de reales.

Otro elemento que puede perjudicar seriamente a los empresarios nacionales, es el resultado de la reestructuración de la deuda oficial bilateral o de gobiernos en el llamado Club de Paris. Si el resultado de esta reestructuración nos obliga a renegociar el capital y los intereses de la deuda que tiene el sector público con el sector privado externo, la primera medida adversa que se sentirá será la reducción y eliminación de las lineas de créditos que tienen los bancos nacionales con la banca internacional dirigidas a facilitar nuestro comercio exterior.

La economía dominicana es sumamente abierta dado que la suma de sus exportaciones e importaciones de bienes y de servicios es mayor al valor de nuestra producción interna. Esto quiere decir, que la única forma que nuestra economía puede crecer es si se mantiene la dinámica de nuestros sectores externos, y para esto requiere de facilidades financieras en monedas fuertes que asistan al flujo de su comercio exterior. Las autoridades supervisoras de los bancos de las economías desarrolladas endurecen sus políticas aumentando las provisiones exigibles a las facilidades de créditos otorgadas a países que están en atrasos o en procesos de reestructuración de la deuda oficial con su sector privado.

Ante esta situación los bancos de esas economías prefieren eliminar el factor riesgo país, eliminando sus facilidades de crédito a esos países o encareciéndola a un nivel tal que hace imposible el acceso a esos créditos por parte de la banca y del empresario nacional.

Durante el año 2003, inclusive sin la presencia del FMI, la economía dominicana experimentó un enorme ajuste del gasto privado equivalente al 15% del PIB. Este ajuste se debió a que el valor del dólar se triplicó en relación al valor del peso, presionando la reversión del déficit de la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos equivalente al 5% del PIB en el año 2002, a un superávit del 5% del PIB en el 2003, pese a que se produjo un déficit en el sector público global equivalente también al 5% del PIB.

Esto quiere decir que existió un sobrante de cerca de 1,000 millones de dólares en relación a los requerimientos de importación de nuestra economía durante ese año, pero como tuvimos un faltante en la Cuenta Global de la Balanza de Pagos, este sobrante y un ingreso en la Cuenta de Capital de similar monto se utilizaron en reducir obligaciones privadas externas o en la sustitución de los ahorros de los dominicanos por monedas fuertes con el fin de proteger su poder adquisitivo de la pérdida de valor de la moneda nacional.

Este significativo excedente en la Cuenta Corriente, que se mantendrá este año según las proyecciones del Programa Financiero con el FMI, no justifica una reestructuración de la deuda pública externa para los mercados financieros internacionales, si la certidumbre en la estabilidad económica se logra con el Acuerdo Financiero con el FMI. Por eso habrá la impresión en esos mercados de que el país no quiere pagar sus obligaciones con ellos y como no quiere pagar no habrá facilidades crediticias y el comercio exterior se tendrá que realizar en efectivo por bastantes años poniendo mayores presiones sobre nuestro mercado de cambio. Además hay la posibilidad de que aquellos acreedores que no estén de acuerdo con la reestructuración de la deuda privada, emprendan acciones judiciales para embargar los activos financieros del Gobierno Dominicano en el exterior.

Frente al desafío que representa para nuestros sectores productivos el TLC con los Estados Unidos de América, el Gobierno Dominicano está en la obligación de crear el ambiente que posibilite la reducción de los costos (financiero, eléctrico, de transacciones, fiscales, entre otros) con que operan estos sectores, así como de evitar que se endurezcan o eliminen las facilidades del crédito comercial con el exterior, o de lo contrario se aniquilarán muchas de nuestras unidades productivas en una nueva devastación de los Osorios, siendo sustituidas por nuevos corsarios empresariales en búsqueda de rentas fiscales por el alto nivel de riesgo con que operarán en este país.

Además, habremos perdido la oportunidad de salir de nuestro subdesarrollo y de beneficiarnos de ese importante mercado, porque los países centroamericanos y asiáticos, no estarán esperando por el despertar de la República Dominicana para capturar los mercados de bienes de Norteamérica.