SAN JUAN — La crisis constitucional en Puerto Rico parecía encaminada a agravarse el lunes, después de que el Senado de la isla presentara una demanda para derrocar al veterano político que juró hace poco el cargo como nuevo gobernador de la isla, mientras los legisladores discutían sobre quién debería gobernar el territorio estadounidense.

La demanda pide una orden judicial temporal que ordene el cese inmediato de Pedro Pierluisi en sus funciones y solicita al tribunal que declare inconstitucional una ley de 2005 que establece que un secretario de Estado no necesita la aprobación de la Cámara de Representantes y el Senado para asumir la gubernatura.

“En Puerto Rico se vive una situación sin precedente histórico”, escribió el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

La semana pasada, Pierluisi fue nombrado secretario de Estado, lo que le convertiría en el siguiente para suceder al gobernador, cuando la legislatura estaba en un receso. La Cámara de Representantes puertorriqueña le confirmó el viernes en el cargo por 26 votos frente a 21, lo que según Pierluisi le convierte en sustituto del exgobernador Ricardo Rosselló.

Sin embargo, el Senado no había refrendado el nombramiento, y se esperaba que votara al respecto el lunes por la tarde. En un primer momento no estaba claro si la votación se celebraría de todos modos, una vez presentada la demanda el domingo por la noche.

En un comunicado, Pierluisi dijo que no había tiempo que perder.

“Aunque es lamentable que este asunto tenga que dilucidarse en nuestros tribunales, espero que sea atendido con la mayor premura y diligencia por el bien del pueblo de Puerto Rico”, indicó.

Rosselló renunció oficialmente el 2 de agosto tras casi dos semanas de protestas avivadas por el descontento por la corrupción, la mala gestión de fondos y la filtración de un chat salpicado de insultos en el que él y otros 11 hombres se burlaron de mujeres, homosexuales y víctimas del huracán María, entre otros.

La Constitución puertorriqueña indica que el secretario de Estado asume el puesto si el gobernador renuncia, y una enmienda señala que todos los candidatos a suceder al gobernador deben ser confirmados por las dos cámaras, salvo el secretario de Estado. Sin embargo, expertos legales cuestionan la validez de esa enmienda y creen que Pierluisi necesita ser refrendado por ambas cámaras porque la enmienda contradice la intención de la Constitución y su declaración de motivos.