Un documento de 87 páginas del Fondo Monetario Internacional (FMI) describe en detalle las dos muy diferentes etapas del reciente acuerdo con nuestro país.

La primera, que abarca el primer semestre del año que viene (y que coincide, ¡oh milagro! con la campaña para las elecciones del 16 de mayo), busca que la economía crezca un 2% o 3%, en contraste con el muy débil “entre ½% y 1 ½% del 2009” y eso se logrará con préstamos del FMI, del Banco Mundial, del BID y, además, con la emisión de unos US$650 millones de bonos soberanos en el extranjero y otras emisiones internas que serán compradas básicamente por los bancos, sobre todo el Reservas y que sumarán US$321 millones en el 2010.

Eso hará que la inversión pública durante ese semestre sea mucho mayor que en el 2008 o el 2009, creando empleos y reduciendo los apagones, debido al repago de atrasos a las generadoras y por los aportes del BID y el Banco Mundial al sector eléctrico que incluyen medidores.  No habrá tope a la expansión del crédito del Banco Central.  La única obligación de importancia es reducir el robo de la electricidad, (cómo lograrlo mientras las distribuidoras sean manejadas por políticos no se explica) y lograr que el precio de la electricidad refleje fluctuaciones en el costo del petróleo, al tiempo que se cambia el subsidio generalizado a las zonas pobres (PRA) por el bono luz individual.  Los intereses no seguirán bajando, para beneficio de los ahorristas.  No se tendrá que devaluar porque el tipo de cambio, según los técnicos del FMI, está en equilibrio, aunque reconocen que su nivel no es competitivo con relación a las exportaciones textiles de Centroamérica y México pero sí para auspiciar el turismo.

Pero todo esto tendrá un costo.  La deuda externa e interna de nuestro sector público aumentará de un 35.5% del PIB en el 2008 al 39% en el 2009 y luego al 40% en el 2010 y el 2011, antes de comenzar a bajar para llegar a un  nivel “óptimo”, para utilizar la palabra del propio FMI, de entre un 25% y un 30%.  Hace varios años que pasamos de ese “óptimo”.  En resumen, estamos demasiado endeudados y nos endeudaremos aún más para salir del lento crecimiento, antes de comenzar a deber proporcionalmente menos.

La segunda etapa o fase, la de superávit presupuestales del 1% del PIB en el 2011 y del 2% en el 2012, con reducciones en la proporción del PIB representado por la deuda externa, así como con nuevas fuentes de ingresos fiscales, comenzaría días después de las elecciones de mayo del 2010.  En su documento el propio FMI comenta:  “Existe el riesgo evidente de que las autoridades puedan ejecutar la primera parte del programa (la de política anti-cíclica) y no la segunda parte (temas de sustentatibilidad)… Por el lado político, hay elecciones congresuales a mediados del 2010 y el gobierno puede estar bajo presión para gastar más allá de las proyecciones del programa”. Hasta ahora Leonel Fernández ha cumplido con el grueso de sus programas con el FMI.

Esa segunda etapa implica retornar a un saludable crecimiento de un 6% en el 2011 (ojo, año preelectoral) pero contiene el compromiso de reducir “los abusos de recientes incentivos tributarios” y “la racionalización de las exoneraciones impositivas”, así como el fortalecimiento de la administración tributaria en alrededor de un 1% del PIB.  El FMI estima que el costo de todas las exoneraciones suma hoy día un 6% del PIB, citando específicamente el sistema de preferencias a las exportaciones (Proindustria) y las exoneraciones sobre los hidrocarburos (Ley 112-00 y la 57-05, artículo 23).  La eliminación de los subsidios eléctricos indiscriminados se cumpliría antes del 2012.  La emisión interna de bonos del gobierno sumaría US$799 millones en el 2011.

Por otro lado, existe el compromiso de aumentar el gasto en educación y en salud, así como la cobertura del programa Solidaridad.