Las tres empresas distribuidoras de electricidad, conocidas como las Ede, constituyen un complicado dolor financiero para el Estado y para los contribuyentes dominicanos. Por años la sangría financiera ha girado alrededor de los mil millones de dólares cada 12 meses. Un fardo muy pesado para el Presupuesto de la Nación y, por consiguiente, unos fondos que bien pudieran disponerse para solventar otras necesidades de la población, de los contribuyentes. Estamos seguros que las autoridades están interesadas en eliminar este problema, como querían las anteriores. Pero los planes puestos en marcha hasta ahora no han resultado adecuados para eliminar el déficit derivado de los fraudes eléctricos, las líneas ineficientes y la energía que se factura pero no se cobra. El buen consejo y la administración positiva indican, entonces, que es necesario examinar las iniciativas que se han tomado, ver los logros y los fallos, y emprender otros caminos administrativos y gerenciales que puedan ser eficaces. Y aquí es precisamente donde radica la complejidad de la cuestión. Esta complejidad debe ser puesta en manos de los expertos, quienes de seguro están en capacidad de llevar al país hasta un puerto seguro. A ellos debemos recurrir.

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El Gobierno, por su lado, no debe hacer resistencia a la evidente necesidad de un cambio profundo en la gestión de las empresas distribuidoras de electricidad. Querer seguir haciendo lo que se ha hecho hasta ahora es seguir desembolsando, innecesariamente, un dinero que las finanzas públicas necesitan en otros lugares. Debemos, pues, buscar una solución urgente al déficit ya crónico de las Ede y no cerrarnos a ninguna opción. Esta búsqueda debe inscribirse dentro de los profundos cambios que en un futuro cercano tendrá que hacer el país en sus ingresos y sus gastos.