Hoy 
POR JUAN BOLÍVAR DÍAZ
Las peticiones a la Policía Nacional para que emplee mano dura en el combate a la delincuencia, que no es otra cosa que salga a las calles a matar todo el que huela a delincuente, reaparecieron esta semana poniendo en jaque la jefatura del general Bernardo Santana Páez.
Aparte de su ilegalidad, que ha bordeado la barbarie, las ejecuciones de delincuentes, supuestos delincuentes e inocentes, que sólo en los últimos tres años han superado la cifra de mil, no han servido en absoluto para detener el incremento de la delincuencia que cada día agobia más a la sociedad dominicana.
Ese método, al igual que las redadas de jóvenes en los barrios, sólo ha servido para distraer la atención, tratando de ocultar las ineficiencias y carencias del aparato policial y las extremas violencias de la exclusión, la concentración de la riqueza y la impunidad de la corrupción que incentivan la delincuencia.
Jaque a la Policía
Los últimos tres jefes de la Policía Nacional han llegado al cargo conscientes de lo que hay que hacer para enfrentar la delincuencia. Los generales Jaime Marte Martínez, Manuel de Jesús Pérez Sánchez y Bernardo Santana Páez integran la única trilogía de jefes de la PN consecutivos provenientes de las academias policiales. Han tenido en común una buena formación policial en el país.
Los tres han llegado al cargo proclamando la necesidad de reformas del aparato policial, reclamando que los agentes, ahora 30 mil, sean destinados básicamente a la prevención, mediante el patrullaje, y frenando drásticamente las ejecuciones extrajudiciales, que eufemísticamente se denominan muertes por intercambios de disparos.
Marte Martínez sucedió en el 2002 al general Pedro de Jesús Candelier, un militar convertido en jefe policial, quien ya en 1999 había establecido un récord cuando se registraron 250 muertes a manos de los agentes del orden público. Durante los dos años siguientes las cifras quedaron en alrededor de los 200.
Cuando Marte Martínez llegó a la jefatura policial al comenzar el 2002, los muertos en intercambios de disparos promediaban 13 por mes. Pero entre enero y abril se redujeron a uno por mes, mientras se registraba una reducción de la criminalidad, a tal punto que en mayo nos convocó a una reunión con su estado mayor para ponderar el éxito alcanzado. Ese año las ejecuciones extrajudiciales disminuyeron tanto que mereció un reconocimiento en el informe del Departamento de Estado norteamericano correspondiente a ese año.
Pero ya en el 2003 ante la persistencia de la delincuencia y los reclamos de la opinión pública, la Policía volvió por sus fueros y según un reporte de Juan María Ramírez, publicado en HOY el 26 de junio, ya los muertos en intercambios de disparos sumaban 115, incluyendo a 16 agentes policiales.
Cuando se produjo el cambio de gobierno en agosto del 2004, los muertos por intercambios de disparos promediaban más de uno por día. Con la designación del general Pérez Sánchez al frente de la Policía se repitió la reducción y el año concluyó con un balance de 358.
Pero el mayor desbordamiento se produciría en el 2005. Al finalizar agosto 440 personas habían muerto a manos de policías, incluyendo 345 por intercambios de disparos (1.5 por día) y 95 por agentes fuera de servicio, según las categorías de un informe de la Procuraduría General de la República. El total para el año se proyectaba a 660. En esos 8 meses los uniformados muertos a manos de delincuentes fueron sólo 4, según el conteo
Llega Santana Páez
La llegada del general Bernardo Santana Páez repitió la reducción drástica en sus primeros meses. Los 58 muertos por balas policiales del mes de agosto se redujeron a la tercera parte en los meses de septiembre a diciembre, gracias a lo cual el total del añointercambios de disparosquedó en 437 (1.2 por día). Si se suman los asesinatos ejecutados por agentes policiales fuera de servicio, alcanzaron 550 durante el año pasado.
El informe del Departamento de Estado norteamericano publicado esta semana indica que el año pasado las fuerzas de seguridad (dominicanas) mataron entre 400 y 440 personas, además de torturas y otros abusos con presuntos criminales, detenidos y prisioneros.
El sostenido incremento de la delincuencia en las últimas semanas ha vuelto a generar reclamos de que la Policía Nacional emplee mano dura para combatirla. Los asesinatos de la propietaria de una joyería, del eficiente inspector aduanero Ramón Florentino, de un teniente y un sargento policial, y los asaltos a periodistas y empleados de periódicos, de dirigentes políticos y otras personas de clases medias altas han exacerbado la opinión pública.
Fue así como el lunes 6 el secretario de las Fuerzas Armadas, Almirante Sigfrido Pared Pérez reclamó mano dura de la Policía en el combate a la delincuencia, con lo que en principio disintió el jefe policial, aduciendo que eso significaba enviar sus agentes a matar, al tiempo que reivindicaba la reducción de las muertes en intercambios de disparos durante los 7 meses que lleva en el cargo.
Pero bajo presión pública, al día siguiente el general Santana Páez ya dijo que no iban a responder con algodón los disparos de los delincuentes y en tres días sus agentes mataron 8 personas en esta capital, Boca Chica, San Francisco, La Vega y Hato Mayor.
Una vez más la Policía es sometida a la presión de la mano dura que en los últimos tres años ha cobrado más de un millar de vidas, y más de dos mil en la última década, pese a lo cual la delincuencia ha seguido reproduciéndose. El general Santana Páez sabe que ese no es el remedio, por lo cual insistió esta semana en que lo fundamental es más equipos y recursos para enfrentar la delincuencia, incluyendo la necesidad de 5 mil policías adicionales.
El barrio seguro
Pero no es sólo el jefe de la PN que está consciente de que la solución no es salir a matar presuntos delincuentes, lo han proclamado también el Secretario de Interior y Policía, Franklin Almeyda, el Procurador General (ahora en licencia), Francisco Domínguez Brito, y el Fiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero. Este último propuso esta semana la creación de un departamento de investigación criminal dependiente de la Procuraduría Fiscal.
Por su parte el actual gobierno ha realizado esfuerzos, fundamentalmente con su política de barrio seguro que ha abarcado a una docena de sectores capitalinos y que tratan de extender a Santiago. Lo ejecutado en Capotillo demuestra que la prevención es fundamental. Allí, en menos de 2 kilómetros cuadrados se redujo la delincuencia, disponiendo de más de 200 agentes policiales, mejor pagados, con más unidades motorizadas y programas sociales.
Pero en enero pasado el jefe policial dijo que apenas disponía de 3 mil 500 agentes para el patrullaje en todo el país. Eso después de muchos meses de esfuerzo por recuperar los policías asignados al servicio particular de funcionarios, oficiales policiales (hasta 25 para generales), diplomáticos, empresarios, periodistas y en entidades estatales. Esa cifra es apenas el 12 por ciento de los 30 mil miembros que integran la PN, mientras las Fuerzas Armadas tienen 40 mil. Desde hace un año se promete que estas reforzarían el patrullaje.
El plan gubernamental de Seguridad Democrática tiene buenos propósitos, pero la delincuencia marcha a un ritmo más rápido que su implementación. En los funcionarios implicados predomina la preocupación de una política que no vulnere el derecho fundamental a la vida, garantizado por la Constitución y las leyes hasta para los peores delincuentes.
Muchos recursos
La creciente inseguridad está generando pánico en la población, que tradicionalmente se contiene con la eficiencia de las muertes de delincuentes y supuestos delincuentes, que con mucha frecuencia ha cobrado la vida de personas inocentes de todas las categorías, incluyendo a un sacerdote, a un pastor evangélico, muchachas en la flor de la vida, niños, medianos empresarios y mujeres, además de una cantidad considerable de personas asesinadas por agentes del orden, bajo cualquier pretexto.
La situación obligará al gobierno a elevar la prioridad de la prevención del crimen, para lo cual se requieren muchos más recursos que los destinados hasta ahora, incluyendo un mejoramiento substancial de los salarios policiales, prometido hace un año y que apenas se ha ejecutado parcialmente.
No servirá para nada que se incorporen cinco o diez mil nuevos agentes policiales, si se les ofrecerá los sueldos de miseria que ganan los actuales, de 6 mil pesos para sargentos y 7 y 8 mil para tenientes, cuando el costo de la canasta básica nacional anda por 16 mil pesos mensuales. Es la razón por la que la mayoría prefiere estar al servicio de personas e instituciones que les completan el ingreso. Y los que salen a las calles tienen que buscársela a menudo con los propios delincuentes o apelando ellos mismos al asalto.
En esas condiciones la Policía no podrá conseguir agentes comprometidos con la seguridad ciudadana, dispuestos a correr riesgos en las calles y a ganarse la confianza de la ciudadanía. Y no son decenas, sino cientos los vehículos equipados con eficientes equipos de comunicación e investigación para un efectivo patrullaje de calles y carreteras.
Insistir en la mano dura seguirá siendo una forma de escurrir el bulto y tratar de satisfacer momentáneamente los recurrentes brotes de desesperación ciudadana. Sobre todo cuando los sectores medios y altos, que crean opinión pública sienten que ya ni su vigilancia particular es suficiente para garantizarse la seguridad.
Por demás, los diagnósticos sociales indican que la delincuencia es incentivada por la exclusión de que es víctima la mitad de la población dominicana, por el desempleo y la desesperanza que afectan a los jóvenes de los barrios, donde no hay ni siquiera aulas suficientes para la educación básica.
Otros incentivos son la exhibición de riquezas que practican los núcleos más privilegiados y la enorme corrupción que enriquece a los políticos, así como la impunidad frente a las grandes estafas públicas y privadas que han afectado a la economía nacional y sustraen a los más pobres lo elemental para desarrollarse.
Muy pocos de los que reclaman la política de mano dura tienen en cuenta estos factores estructurales del problema de la delincuencia.-
Llega Santana Páez
La llegada del general Bernardo Santana Páez repitió la reducción drástica en sus primeros meses. Los 58 muertos por balas policiales del mes de agosto se redujeron a la tercera parte en los meses de septiembre a diciembre, gracias a lo cual el total del añointercambios de disparosquedó en 437 (1.2 por día). Si se suman los asesinatos ejecutados por agentes policiales fuera de servicio, alcanzaron 550 durante el año pasado.
El informe del Departamento de Estado norteamericano publicado esta semana indica que el año pasado las fuerzas de seguridad (dominicanas) mataron entre 400 y 440 personas, además de torturas y otros abusos con presuntos criminales, detenidos y prisioneros.
El sostenido incremento de la delincuencia en las últimas semanas ha vuelto a generar reclamos de que la Policía Nacional emplee mano dura para combatirla. Los asesinatos de la propietaria de una joyería, del eficiente inspector aduanero Ramón Florentino, de un teniente y un sargento policial, y los asaltos a periodistas y empleados de periódicos, de dirigentes políticos y otras personas de clases medias altas han exacerbado la opinión pública.
Fue así como el lunes 6 el secretario de las Fuerzas Armadas, Almirante Sigfrido Pared Pérez reclamó mano dura de la Policía en el combate a la delincuencia, con lo que en principio disintió el jefe policial, aduciendo que eso significaba enviar sus agentes a matar, al tiempo que reivindicaba la reducción de las muertes en intercambios de disparos durante los 7 meses que lleva en el cargo.
Pero bajo presión pública, al día siguiente el general Santana Páez ya dijo que no iban a responder con algodón los disparos de los delincuentes y en tres días sus agentes mataron 8 personas en esta capital, Boca Chica, San Francisco, La Vega y Hato Mayor.
Una vez más la Policía es sometida a la presión de la mano dura que en los últimos tres años ha cobrado más de un millar de vidas, y más de dos mil en la última década, pese a lo cual la delincuencia ha seguido reproduciéndose. El general Santana Páez sabe que ese no es el remedio, por lo cual insistió esta semana en que lo fundamental es más equipos y recursos para enfrentar la delincuencia, incluyendo la necesidad de 5 mil policías adicionales.
El barrio seguro
Pero no es sólo el jefe de la PN que está consciente de que la solución no es salir a matar presuntos delincuentes, lo han proclamado también el Secretario de Interior y Policía, Franklin Almeyda, el Procurador General (ahora en licencia), Francisco Domínguez Brito, y el Fiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero. Este último propuso esta semana la creación de un departamento de investigación criminal dependiente de la Procuraduría Fiscal.
Por su parte el actual gobierno ha realizado esfuerzos, fundamentalmente con su política de barrio seguro que ha abarcado a una docena de sectores capitalinos y que tratan de extender a Santiago. Lo ejecutado en Capotillo demuestra que la prevención es fundamental. Allí, en menos de 2 kilómetros cuadrados se redujo la delincuencia, disponiendo de más de 200 agentes policiales, mejor pagados, con más unidades motorizadas y programas sociales.
Pero en enero pasado el jefe policial dijo que apenas disponía de 3 mil 500 agentes para el patrullaje en todo el país. Eso después de muchos meses de esfuerzo por recuperar los policías asignados al servicio particular de funcionarios, oficiales policiales (hasta 25 para generales), diplomáticos, empresarios, periodistas y en entidades estatales. Esa cifra es apenas el 12 por ciento de los 30 mil miembros que integran la PN, mientras las Fuerzas Armadas tienen 40 mil. Desde hace un año se promete que estas reforzarían el patrullaje.
El plan gubernamental de Seguridad Democrática tiene buenos propósitos, pero la delincuencia marcha a un ritmo más rápido que su implementación. En los funcionarios implicados predomina la preocupación de una política que no vulnere el derecho fundamental a la vida, garantizado por la Constitución y las leyes hasta para los peores delincuentes.
Muchos recursos
La creciente inseguridad está generando pánico en la población, que tradicionalmente se contiene con la eficiencia de las muertes de delincuentes y supuestos delincuentes, que con mucha frecuencia ha cobrado la vida de personas inocentes de todas las categorías, incluyendo a un sacerdote, a un pastor evangélico, muchachas en la flor de la vida, niños, medianos empresarios y mujeres, además de una cantidad considerable de personas asesinadas por agentes del orden, bajo cualquier pretexto.
La situación obligará al gobierno a elevar la prioridad de la prevención del crimen, para lo cual se requieren muchos más recursos que los destinados hasta ahora, incluyendo un mejoramiento substancial de los salarios policiales, prometido hace un año y que apenas se ha ejecutado parcialmente.
No servirá para nada que se incorporen cinco o diez mil nuevos agentes policiales, si se les ofrecerá los sueldos de miseria que ganan los actuales, de 6 mil pesos para sargentos y 7 y 8 mil para tenientes, cuando el costo de la canasta básica nacional anda por 16 mil pesos mensuales. Es la razón por la que la mayoría prefiere estar al servicio de personas e instituciones que les completan el ingreso. Y los que salen a las calles tienen que buscársela a menudo con los propios delincuentes o apelando ellos mismos al asalto.
En esas condiciones la Policía no podrá conseguir agentes comprometidos con la seguridad ciudadana, dispuestos a correr riesgos en las calles y a ganarse la confianza de la ciudadanía. Y no son decenas, sino cientos los vehículos equi pados con eficientes equipos de comunicación e investigación para un efectivo patrullaje de calles y carreteras.
Insistir en la mano dura seguirá siendo una forma de escurrir el bulto y tratar de satisfacer momentáneamente los recurrentes brotes de desesperación ciudadana. Sobre todo cuando los sectores medios y altos, que crean opinión pública sienten que ya ni su vigilancia particular es suficiente para garantizarse la seguridad.
Por demás, los diagnósticos sociales indican que la delincuencia es incentivada por la exclusión de que es víctima la mitad de la población dominicana, por el desempleo y la desesperanza que afectan a los jóvenes de los barrios, donde no hay ni siquiera aulas suficientes para la educación básica.
Otros incentivos son la exhibición de riquezas que practican los núcleos más privilegiados y la enorme corrupción que enriquece a los políticos, así como la impunidad frente a las grandes estafas públicas y privadas que han afectado a la economía nacional y sustraen a los más pobres lo elemental para desarrollarse.
Muy pocos de los que reclaman la política de mano dura tienen en cuenta estos factores estructurales del problema de la delincuencia.-
