POR CARMEN CARVAJAL
Aunque sujetos a las impugnaciones que autoriza la ley a quienes no estén satisfechos,  los resultados de las elecciones del pasado 16 de mayo anunciados por la Junta Central Electoral dan una mayoría absoluta a la coalición de gobierno en ambas cámaras, lo que teóricamente le permitirá realizar las reformas y proyectos que considere necesarios para la ejecución de su programa de gobierno.

Sin embargo, en tanto se produce el cambio en el Congreso el próximo 16 de agosto, los congresistas actuales deberán conocer una serie de proyectos imprescindibles para el cumplimiento de los dos mayores compromisos que tiene el actual gobierno: el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el Acuerdo de Libre Comercio con Centroamérica y Estados Unidos, conocido como DR-CAFTA.

De acuerdo a los compromisos asumidos por el gobierno, el país se integra al tratado de libre comercio regional el primero de julio, lo que implica la aprobación en el Congreso de una serie de leyes y la presentación, por parte del gobierno, de otras nuevas reformas a leyes importantes ya vigentes en el país.

En la carta de intención que acompaña a la tercera y cuarta revisión del acuerdo con el FMI, en los criterios de desempeño estructural, el gobierno se compromete a que para finales de junio estén sancionadas por el Congreso algunas de las más importantes leyes.

Otras, de acuerdo a la programación, deben ser aprobadas antes de finalizar el presente año, o a principios del 2007.

Del FMI al DR-CAFTA
Recientemente, el Poder Ejecutivo reintrodujo al Congreso Nacional una serie de proyectos de leyes, con cuya aprobación se comprometió con el Fondo Monetario Internacional. Una parte de estos proyectos, según el compromiso, deben ser refrendadas a finales del próximo mes, es decir, por el actual Congreso.

Las reformas estructurales comprometidas incluyen las leyes orgánicas de las Secretarías de Hacienda, que sustituirá a la Secretaría de Finanzas, y de Planificación y Desarrollo, en lugar del Secretariado Técnico de la Presidencia.

Con relación a ambas Secretarías, el acuerdo establece que antes de finalizar junio el gobierno deberá presentar “un plan institucional detallado de reestructuración para las nuevas Secretarías de Planificación y Finanzas, incluyendo descripciones funcionales, organigramas y niveles de empleo”.

La agenda comprometida con el FMI establece también para este mes de junio la aprobación de la Ley Orgánica de Presupuesto. En caso de que los ingresos del  Estado estén registrando excedentes, su uso requerirá de una modificación legislativa a la Ley de Gastos Públicos también antes de que finalice el primer semestre del año.

También están pendientes las leyes  que buscan fortalecer la administración tributaria y aduanera, que dan autonomía presupuestaria a las Direcciones Generales de Impuestos Internos y Aduanas, racionalizan el sistema tributario  y criminalizan la evasión.

Para junio deberán también estar aprobadas las leyes de Administración Financiera y de Inversión Pública, que eliminan el mecanismo del excedente presupuestario.

De acuerdo el compromiso, para cuando comience el próximo año, ya se habrá eliminado  cualquier tipo de mecanismo que permita un mayor gasto, sin una evaluación adecuada de la ejecución del Presupuesto y de la posición de las finanzas públicas para el resto del año.

Tomando en cuenta que el tratado de  libre comercio entraría en vigencia para el país el primero de julio, el gobierno debe eliminar el recargo cambiario, que reporta varios miles de millones de pesos al Presupuesto, antes de que esto suceda.

El acuerdo con el FMI le impide operar con déficit presupuestario, por lo que también está obligado a identificar las medidas con las que piensa enfrentar esta pérdida  de ingresos.

Relacionadas con el DR-CAFTA también están pendientes modificaciones a las leyes de Derecho de Autor y de Propiedad Industrial, que son exigidas por los socios norteamericanos para garantizar protección a sus empresarios, investigadores y creadores, a pesar de que las leyes dominicanas cumplen con los requisitos de la Organización Mundial del Comercio.

También está pendiente, aunque ya fue conocida y aprobada por el Senado, la ley de compras.

Precisamente las Leyes de Adquisición y la de Controles Internos, que deben estar listas para finales de septiembre, son los dos primeros compromisos asumidos por el gobierno con el FMI, que deberá enfrentar el próximo Congreso Nacional, si la agenda propuesta se cumple como está establecida en la carta de intenciones.

Uno de los más importantes compromisos es la aprobación de una nueva Ley Monetaria y Financiera, para diciembre de este año.

La nueva ley busca, de acuerdo a lo señalado por el equipo económico del gobierno en la carta de intenciones,  “fortalecer la independencia de las instituciones monetarias y financieras”. Este proyecto de ley se encuentra en el Congreso Nacional desde noviembre pasado, pero el gobierno tiene plazo hasta finales de este año para que sea sancionado.

Entre otras modificaciones, plantea la extensión de dos a cuatro años del período de ejercicio del gobernador del Banco Central, del superintendente de Bancos y de los miembros de la Junta Monetaria.

Establece, además, regulación y supervisión para la banca pública iguales a las que se aplican a la banca privada y mejoría en el concepto de supervisión de los grupos económicos y financieros.

La ley monetaria sugerida tipifica como acción penal la captación de fondos del público en forma repetitiva, si no se cuenta con la autorización previa de la autoridad competente.

Aunque no existe el compromiso con el FMI, ni con el DR-CAFTA, en el país se ha hablado de la posibilidad de modificar la Ley de Seguridad Social, para hacer más factible su aplicación.

En otro orden, el propio Presidente de la República, Leonel Fernández, ha hablado de la necesidad de modificar la Constitución de la República, de manera que se adapte mejor a un proyecto de nación que conduzca al país hacia el desarrollo y el bienestar de los ciudadanos.

Ya a principios de esta década, las fuerzas políticas y sociales discutieron y elaboraron un proyecto de reforma que luego de enviado al Congreso Nacional, se hizo a un lado para aprobar la modificación constitucional que permite la reelección presidencial por un segundo mandato.