CLAUDIA L. MEJÍA-RICART A.
«Los gobiernos de Ecuador, Perú y Colombia se abstendrán de firmar un TLC con Estados Unidos si no existe la garantía de equidad en su contenido» Alvaro Uribe, Presidente de Colombia -Diario El Comercio 20 de octubre del 2004.

El representante comercial de los Estados Unidos de América Robert B. Zoellick expresó públicamente hace unos días su recomendación a los congresistas de esa nación, de excluir a la República Dominicana del acuerdo de libre comercio DR-CAFTA, debido a la inclusión en la recién aprobada ley de reforma fiscal de un recargo de un 25% sobre los productos elaborados que utilicen el Sirope de maíz en su composición. La más alta autoridad comercial de esa potencia, alega que esa imposición de tasa, estaría violando el art. III del GATT y el artículo 3.2 del Capítulo III del DR-CAFTA, los cuales tratan sobre la obligación en ambos acuerdos sobre el Trato nacional en materia de tributación y de reglamentación interiores.

Por reconocer la excelencia en negociación y manejo de intereses comerciales estadounidenses del negociador norteamericano, entendemos claramente su derecho de instruir a los representantes del pueblo norteamericano, a que se manejen de una u otra forma. Es esa la misma función que se lleva a cabo en República Dominicana cuando se celebran vistas públicas en las cuales cualquier ciudadano tiene derecho a expresarse a favor o en contra de determinados proyectos que entienda pueda ser contrario al interés nacional. Esta prerrogativa de los ciudadanos también incluye la aceptación de un acuerdo o una negociación hecha por los oficiales de turno en el gobierno, ya que estos solo tienen la autoridad para negociar, pero sin la aprobación por parte de los representantes del pueblo, esta no se materializa. Esto claramente indica, que no tenemos la posibilidad de violar un acuerdo que aun no ha sido aprobado por los representantes legislativos de nuestra República, pues hasta que este no esté ratificado; no existe más que un acuerdo de intención; no de acción. Ese es el status que aun mantiene el Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA.

Haciendo uso de este derecho, las autoridades legislativas de nuestra nación, han entendido que permitir la entrada libre de arancel o con el arancel actual al jarabe de maíz le haría daño a nuestra economía, ellos han apoyado lo que se llama un remedio comercial, los cuales están permitidos bajo la OMC, tomando en cuenta, que antes de que el acuerdo sea ratificado es el momento para llevarlo a cabo. Luego de este ser ratificado por ambas partes, entonces sería una violación; ahora es sencillamente un remedio comercial, igual al que se ha llevado a cabo dentro de las negociaciones del ALCA, donde muchas naciones con excepción de la República Dominicana aumentaron sus aranceles, para empezar a desmontarlos desde una base mayor de donde disminuir los mismos cuando eventualmente entre en ejecución este tratado.

Es difícil entender que un producto cuyo valor importado al año pasado fue de unos US$25,000 dólares sea motivo suficiente para sugerir que seamos excluidos del DR-CAFTA. Esta presión de funcionarios de la potencia económica más poderosa del mundo y nuestro mayor socio comercial se basa en el conocimiento de la relevancia que tiene para nuestra economía el área de inversión y la importancia de mantener nuestras zonas francas de producción a la par con los privilegios acordados con Centroamérica.

A conocimiento de ello, utiliza armas de presión superiores a la necesidad que amerita que una pequeña economía se mantenga a flote en su esfuerzo por darle estabilidad laboral y financiera a una nación con una necesidad inmediata de resolver problemas financieros más relevantes.

República Dominicana se encuentra en una disyuntiva fuerte, donde debe prevalecer el equilibrio, y en búsqueda del mismo, debemos apelar a defender lo que entendemos es más conveniente para la mayoría; no en base a presiones, sino, en base a nuestros mejores intereses, como lo han hecho ya 12 legisladores estadounidenses quienes mediante una carta firmada al Presidente George W. Bush, apelan por la revisión de la parte referente al derecho de nuestros países de no ir más allá del acuerdo de ADPIC en lo referente a los productos farmacéuticos genéricos, y a la importancia de que el acuerdo negociado respete la Declaración de Doha, donde la salud pública es la prioridad, y no los intereses comerciales…

Para estos doce legisladores, sugerimos una invitación al senado dominicano para que expresen en detalle sus preocupaciones y las desventajas que este acuerdo traería en esta área a los enfermos  nuestros, y un aplauso por sus esfuerzos por hacer entender que cierta equidad es necesaria.

Un revisión que garantice equidad en el DR-CAFTA es lo único que entendemos debe hacer viable el acuerdo y conveniente para nuestros ciudadanos. En esta idea, estamos apoyados tanto dentro del congreso estadounidenses como en el dominicano.