La opinión pública debería recibir informaciones de más precisión sobre la supuesta participación en actos delictivos de dominicanos repatriados tras cumplir condenas en los Estados Unidos. Suponer que en alguna medida exconvictos incurran aquí en comportamientos similares a los que les hicieron merecer castigos penales allá tiene sentido aunque anteriores búsquedas exhaustivas sobre registros de la criminalidad no indicaron que alcanzaran niveles alarmantes. No sería tarea difícil revisar de nuevo los archivos que puedan robustecer o quizás disentir de la apreciación del presidente Danilo Medina sobre la detección de repatriados en agresiones a la sociedad. Es necesario establecer si en alguna medida logran regresar a la Norteamérica en que se hicieron sentir como delincuentes recurriendo al recurso de los viajes clandestinos; y cuántos otros han podido integrarse con respeto a la ley a actividades productivas por cuenta propia o como asalariados.

Si el Ministerio Público vigila cabalmente a exconvictos, como afirma, ningún otro organismo podría conocer con pelos y señales, el efecto social de su presencia. La decisión del gobierno estadounidense de extrañar a dominicanos está incluyendo infracciones de tránsito y otras no penales bajo políticas más restrictivas contra inmigrantes. La preocupación por las repatriaciones debe ser situada en el nivel que corresponde sin generalizar estigmas.

El desafío está en pie

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) está por demostrar su capacidad para llevar orden a la circulación de vehículos plagada de inobservancias que colocan los accidentes de tránsito entre las principales causas de muerte e invalidez en la población dominicana. El corsé de sus normativas chocará inevitablemente con la tradición de un vacío punitivo que estimuló comportamientos irresponsables al conducir. La función disuasiva de la sanción contundente nunca ha estado tan extendida como debería. Entre otros desafíos, ha faltado poner en vigencia controles rutinarios y efectivos en otros países para privar del derecho a conducir en forma temporal o definitiva a personas que con reincidencia muestren incapacidad para hacerlo apropiadamente; y poco se ha aplicado autoridad contra desperfectos mecánicos de alto riesgo.