El 29 de agosto del 2003, el Fondo Monetario Internacional aprobó un Acuerdo Stand By con el gobierno de la República Dominicana a fin de restablecer la estabilidad de la economía.

Ese Acuerdo establecía una serie de metas cuantitativas que debían ser alcanzadas por el gobierno dominicano para finales de diciembre del 2003, entre las cuales paso a mencionar las siguientes:

1. Se estableció en 61 mil 215 millones el tope a los activos netos;

2. Se acordó que las reservas netas del Banco Central terminaran en 348 millones de dólares;

3. Se estableció que no debía acumularse atrasos en el pago de la deuda interna y externa;

4. Se acordó que el gobierno no se endeudaría internamente;

5. Se acordó que entre octubre y diciembre del 2003 el gobierno no se endeudaría externamente en más de 146 millones de dólares y fundamentalmente con los organismos multilaterales;

6. Se estableció que el déficit combinado del sector público terminaría representando el 3.5% del PIB;

7. Se acordó que se eliminarían las restricciones cambiarias y las prácticas de tipo de cambio múltiple.

Ninguna de estas metas fue cumplida por el gobierno dominicano. Al terminar diciembre del 2003 los activos domésticos netos eran 71 mil 500 millones de pesos, monto que superaba la meta establecida en 10 mil 285 millones; las reservas netas del Banco Central terminaron negativas en 95 millones de dólares según el FMI, cantidad inferior a la meta establecida en 443 millones de dólares.

De igual manera, se acumularon atrasos en el pago de la deuda interna y externa y el gobierno no cumplió con la obligación de no endeudarse internamente ya que de junio a diciembre del 2003 la deuda pública interna, solo con la banca privada, pasó de 14 mil 400 millones de pesos a 19 mil 800 millones.

También, el gobierno contrató deuda externa por encima de lo acordado. Solo en una semana, antes de que terminara el 2003, el gobierno hizo aprobar en el Congreso Nacional cerca de 350 millones de dólares, y la recompensa por parte del Estado de las empresas distribuidoras, Edenorte y Edesur, elevaron el endeudamiento en casi 600 millones de dólares. Por esa razón, el nivel de endeudamiento público, que originalmente se proyectó que terminara representando alrededor del 47.9% del PIB en el 2003, terminó representando, de acuerdo con las nuevas proyecciones hechas por las autoridades dominicanas y el FMI, el 56.8% del PIB.

Al terminar el 2003, el déficit del sector público consolidado terminó siendo equivalente al 5.2% del PIB, superior en 1.7% al originalmente proyectado. Tampoco se eliminaron las restricciones cambiarias ni las prácticas de cambio múltiple, e inclusive se trató de controlar el tipo de cambio fijándolo de manera administrativa.

De manera, que el gobierno violó prácticamente todo lo que había acordado y eso va a salir a relucir en el nuevo acuerdo que se anunciará próximamente. Veremos a las autoridades dominicanas, desesperadas por lograr un nuevo acuerdo con el FMI, pidiéndoles excusas a las autoridades de ese organismo por no cumplir los compromisos contraídos. Las veremos, también, comprometerse de nuevo a adoptar las medidas que fueran necesarias para lograr el objetivo de resolver la grave crisis económica que padecemos.

Pero las causas que determinaron el incumplimiento de las metas acordadas por el gobierno dominicano con el FMI siguen presentes. Se originan en una agenda que tiene como prioridad la política no la economía. El objetivo estratégico de esa agenda es reelegir al actual presidente de la República a como dé lugar. Para el grupo que, junto a Hipólito Mejía, gobierna el país la economía es un asunto secundario. Su comportamiento en el ejercicio del poder lo que pone de manifiesto es que en ara de lograr sus propósitos políticos son capaces de hacer lo que sea sin tener en cuenta para nada las restricciones económicas. Así actuaron cuando compraron las empresas distribuidoras. Creyeron que lograrían beneficios políticos con esa compra y no analizaron las consecuencias económicas de esa decisión. Los resultados son de todos conocidos.

Frente a esa realidad, ¿Quién puede asegurar que el nuevo acuerdo será cumplido? ¿No estaremos de nuevo frente a un nuevo engaño del gobierno? Esperamos a ver que pasa.