Mario Mendez 
Se espera que el déficit fiscal del 2024 termine por debajo de lo presupuestado.
El país debe poner atención al marco costo/beneficio para evaluar las exenciones tributarias y los subsidios.
La suerte de las exenciones y subsidios deben dejarse en manos de la ciencia, no de subjetividades, de preferencias personales, de la simpatía o antipatía.
Deben ser el resultado de la aplicación de los instrumentos con que cuenta la ciencia para evaluar las externalidades de una medida, las que digan qué exenciones e incentivos crear, mantener o eliminar, y establecer los límites de su temporalidad, pues ninguna exención o incentivo debiera establecerse de manera atemporal, a eternidad.
En esta materia, el país debería poner mucha atención a la sugerencia que acaba de hacer la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que recientemente visitó al país para la consulta del Artículo IV correspondiente a 2024 para que elaboremos un marco costo/beneficio para evaluar las exenciones tributarias y los subsidios, lo cual, al buen juicio de la misión, garantizaría que los aumentos previstos de los ingresos públicos mediante reformas tributarias sean duraderos.
El gasto tributario que tiene demasiado peso sobre las finanzas públicas como para ignorar esta sugerencia.
Un país con una presión tributaria que no llega al 15% del PIB tiene un gasto tributario de alrededor de 4.5% del PIB, y eso es mucho. De manera que las exenciones tributarias e incentivos no deben establecerse sin tomar en cuenta las discriminaciones que aconsejan las buenas prácticas fiscales.
Debe tomarse en cuenta, además, que no todos los incentivos tributarios a las empresas son iguales en términos de su capacidad para fomentar la inversión, por lo que en términos generales, los países deberían priorizar aquellos instrumentos que suelen ser más efectivos, debido a que su diseño los vincula a la magnitud de la inversión realizada y reducen el costo del capital, como las deducciones, los créditos tributarios y los esquemas de depreciación acelerada.
No obstante, su efectividad debería determinarse caso a caso con las correspondientes evaluaciones costo beneficio.
También debe evitarse, o limitarse el uso de los incentivos tributarios que no están basados en los gastos de inversión de las empresas, como es el caso de las exenciones temporales de impuestos (tax holidays), otras exenciones y las tasas reducidas.
