Las principales organizaciones políticas opositoras le han hecho una serie de recomendaciones a la Junta Central Electoral (JCE) para que sean adoptadas en las próximas elecciones presidenciales y congresuales, a fin de que el ejercicio del voto por parte de los ciudadanos se haga en lo que ellos aseguran debe ser un clima democrático.

El listado que está sostenido por el Partido de la Liberación Dominicana, la Fuerza del Pueblo y Partido Revolucionario Dominicano, Bloque Institucional Social Demócrata, Partido Quisqueyano Demócrata, Partido Demócrata Institucional, Partido Opción Democrática y el Partido Socialista Cristiano consta de una cantidad de puntos que a juicio de estas organizaciones estuvieron ausentes en las elecciones municipales del 18 de febrero.

Entre los puntos más destacados por la oposición para las elecciones del 19 de mayo próximo sigue apareciendo que el director de la Policía Militar Electoral, mayor general del Ejército, Juan José Otaño Jiménez y el director general de Juntas Electorales Ramón Urbáez Mancebo, sean suspendidos o reubicados fuera del ámbito electoral.

Los demás puntos señalan a que la JCE detenga la inescrupulosa compra de votos, que se restructure o intervenga las juntas electorales “que incurrieron en parcialidad en la administración del proceso electoral”, y que se sustituyan a los presidentes y secretarios de aquellos colegios “que violentaron los derechos de los delegados y suplentes, donde se presentaron inexplicables descuadres en las actas”.

Otros puntos que piden es hacer cumplir las sanciones que establece la Ley 20-23 de Régimen Electoral; tomando las medidas cautelares y sanciones administrativas.

En lo que concerniente al oficialismo le piden a la Junta Central Electoral que vele porque la Presidencia de la República y los funcionarios públicos actúen respetando las limitaciones establecidas en la campaña, además de que se limite el alcance de los programas sociales o evitar la creación de nuevos programas en la campaña electoral y que se prohíba el uso de la publicidad gubernamental.

Incluyen también limitar hasta la finalización de las elecciones la inclusión en la nómina estatal tanto de empleados fijos, contratados o cualquier otra modalidad, que se prohíba el otorgamiento de pensiones especiales; que se eliminen todas las vallas del candidato presidencial del PRM colocadas en lugares contratados y pagados con fondos de la publicidad gubernamental; prohibir el uso del Palacio de Gobierno para LA Semanal porque supuestamente promueve logros que se atribuye Luis Abinader.

En el plano del certamen electoral los partidos políticos quieren que la JCE y los delegados técnicos efectúen una auditoria al padrón nacional de electores y del padrón del exterior, así como que se entreguen los resultados de la auditoría del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel), de las elecciones municipales.

Sobre el escrutinio el día de las elecciones

Ellos piden que se apruebe y diseñe el acta de escrutinio manual con las dimensiones que permita ser escaneada y entregarles a los partidos una copia de dicha acta; que se incluya entre los materiales electorales de los colegios, un papelón con dimensiones adecuadas para ser colocada en la pared o la pizarra del salón en el momento del escrutinio, para registrar a la vista de todos, los votos de cada boleta que se vaya mostrando y asignando a los partidos y candidatos.

Que la Junta Central Electoral tengo un perímetro despejado que permita que el elector ingrese al recinto de votación sin ninguna injerencia o perturbación; que se entreguen la lista de funcionarios capacitados que serán designados en los colegios electorales.

Sobre los Crímenes y Delitos Electorales  

Otros aspectos señalados por la facción opositora es que la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos Electorales publique una lista con los contactos de todos los fiscales electorales por demarcaciones, para que los ciudadanos puedan presentar denuncias delitos electorales.

“En este sentido, reiteramos nuestro llamado a la Junta Central Electoral, para que, en su condición de árbitro y organizador del proceso electoral, adopte todas las medidas necesarias, para impedir que acciones como las que precedieron el pasado proceso electoral y se incurrieron el día de las votaciones, vuelvan a repetirse”, expresa en uno de sus párrafos el extenso documento al que tuvo acceso HOY y que desde hace una semana está en poder del Pleno de la Junta Central Electoral.