Las exoneraciones, contempladas en la ley como un beneficio para que los legisladores en el país tuvieran un apoyo logístico para así poder cumplir con sus responsabilidades, incluyendo la participación en el Congreso, encuentros en diferentes localidades de su jurisdicción legislativa y visitas a comunidades o distritos distantes unos de otros, justificando el beneficio como una facilidad para que los legisladores adquieran medios de transporte adecuados y seguros.

Este molesto sacrificio fiscal reside en una tradición legislativa latinoamericana, ya que países como Honduras, Guatemala, Paraguay, Costa Rica, Argentina, Uruguay, El Salvador, Perú, Panamá, Nicaragua y Bolivia contemplan ese beneficio, que ha generado tantas discusiones a razón de las desigualdades económicas que ponen de relieve las facilidades fiscales que solo obtiene un porcentaje mínimo de la población.

Mucho se ha discutido sobre su eliminación: protestas, debates en círculos de estudio y propuestas legislativas sin ningún nivel de prosperidad en el hemiciclo, porque maña afuera que los honorables legislen para reducir sus privilegios a pesar de ser una demanda constante de la sociedad. Sin embargo, el río siempre vuelve a su cauce y las exoneraciones siempre terminan en un vehículo de lujo que, a pesar de que la ley establece expresamente cuál es el fin de estas, los flamantes legisladores lo hacen en las narices de las autoridades y, en caso de accidentes, públicamente se desligan del evento trágico diciendo que vendieron el beneficio, sin que ninguna autoridad fiscal les pueda cobrar esos impuestos exonerados.

Pero ¿qué dice la ley?

Irónicamente, los legisladores andan como chivos sin ley, ya que la legislación vigente No. 57-96 no contempla sanciones para la simulación de la adquisición de un vehículo, lo que limita el rol que puedan jugar los agentes fiscales, dando esto rienda suelta a las ventas de exoneraciones. Según datos, para el año 2021 fueron importados alrededor de 1,148 vehículos a nombre de legisladores, dejando el Estado dominicano de percibir unos RD$2,649.8 millones en impuestos, una cifra que, aparte de alarmar, genera ira, porque a usted que me lee le cobran hasta el alma en impuestos.

Los legisladores se han opuesto de una u otra forma a eliminar las exoneraciones, pero tampoco contemplan un marco sancionador para evitar que se les dé un uso indebido. Son estas negaciones históricas a demandas sociales las que han permitido que outsiders de la política ocupen las posiciones de poder y pongan a países de Latinoamérica patas arriba.

¿Qué esperan legisladores? Aprovechemos la mayoría y hagamos los cambios: quiten las exoneraciones o consignen sanciones para quienes las vendan, porque lo mucho hasta Dios lo ve.