Quienes piensan que en una sociedad recargada y abrumada por las migraciones procedentes del campo, por una inflación galopante, un desajuste económico sin precedentes y una impaciencia desmedida, su gobernante esté en condiciones de conocer y resolver todo cuando sucede en el país y peor aún consideran que éste puede por si sólo crear las condiciones para levantar un país sobre sus cimientos y crear un orden social completamente nuevo, están totalmente fuera de la realidad, porque una sociedad en que cada individuo, cada asociación: de trabajadores, profesionales o de comerciante o de industriales, actúa independientemente  sin comunicación entre sí, llámense éstos productores y compradores o acreedores o deudores, empleadores o empleados, no hay la remota posibilidad de que tengan el conocimiento y manejo de por lo menos la más pequeña fracción de las diversas actividades de la nación.

Y esto así porque es una ilusión pensar que en un país que estuvo durante 31 años sometido a la voluntad férrea, al despertar a la libertad, podría quedarse estático, que no buscaría el camino hacia un cambio de estatus.

Sin creernos conocedores de todos los problemas dominicanos, pero sin olvidar nuestro pasado y queriendo conocer nuestro presente, comprendemos que  después de 51 años, la tradición mercantilista heredada de España no puede borrarse; sabemos que a los políticos les cuesta mucho deshacerse de un principio de centralismo-monopolístico, sobre todo cuando aún el derecho romano y el napoleónico forman la base del Estado. Y el Ministerio Público aún no es elegido por el pueblo.

¿Porque sucede esto? Sencillamente, porque tradicionalmente todos los gobernantes dominicanos hasta los que han llegado a ejercer el Poder Ejecutivo a través de elecciones democráticas,   nuestras constituciones le dan autoridad casi absoluta sobre todas las actividades que desarrolla el país.