Aunque la mayoría de las personas saben o suponen que existen diversas fuentes, el tema del financiamiento político casi no se toca. Los propios partidos son culpables de que surjan tantas elucubraciones, probablemente muchas infundadas, acerca de la procedencia de recursos, sobre todo en tiempos de campaña.

Muchos dirigentes y militantes se han encargado de decir que se requieren millones y millones para las diferentes actividades. Han llegado incluso a establecer cifras específicas para alcanzar una nominación a Alcalde, Diputado o Senador. Hasta a las regidurías se les ponen precio, así que ya puede alguien imaginar lo que se requiere, según esos elucubradores, para alcanzar la presidencia. Todo lo cual contribuye a la creación de imágenes suspicaces de los políticos y los partidos.

Se han creado leyes para proporcionarle fondos a los partidos, pero no se han establecido mecanismos funcionales para determinar el uso de los mismos, ni mucho menos Sistemas de Costos. Se han aprobado leyes, pero no las reglamentaciones necesarias. El Estado asigna miles de millones para su funcionalidad, pero todo ha continuado igual: Requiriendo fondos de grupos privados, o peor, desconocidos como alegan algunos.

Como tampoco existen en el país reglamentaciones definidas y transparentes acerca de las aportaciones que hacen los sectores privados a los partidos, todo queda a merced de las habilidades de los que aspiren. Y no debería ser así, porque los partidos son, o deberían ser, la mesa de la democracia donde todos los ciudadanos puedan comer.

Eso precisamente es lo que ha llevado a determinados partidos, y a los políticos que los dirigen, no desde ahora, a plantearse seriamente el tema del financiamiento. No como un asunto de enriquecimiento personal, sino como mecanismos para que sus organizaciones puedan desarrollarse sin dependencias de sectores que pretendan imponerles líneas.

Uno de los problemas fundamentales radica en que, como en materia política casi nada está claramente definido, aunque haya leyes, se hace difícil crear mecanismos de auto-financiamiento sin producir nuevos escollos suspicaces, no solo frente a los sectores comerciales o empresariales, sino dentro de los propios partidos, puesto que las competencias internas son naturales, existen.
Si un partido decide crear nuevos canales de financiamiento al margen de las cuotas, tendrían que hacerlo desde la actividad empresarial o comercial.

La creación de esas nuevas entidades o empresas, generarían nuevos ricos. Pero, si dentro de los partidos no se establecen los mecanismos idóneos de seguimiento, podrían terminar en conflictos, puesto que quienes dirijan las nuevas entidades y se conviertan en facilitadores económicos, obedecerán a quienes les posibilitaron las vías, o hasta podrían convertirse en competidores.

Pero no solo crearía conflictos con los sectores comerciales o empresariales a quienes pudieran perjudicar o disminuir sus operaciones, sino dentro de los propios partidos, ya que quienes no dispongan de esas fuentes, tendrían que recurrir nuevamente a los sectores tradicionales, y cuando les llegue la oportunidad, hacer lo mismo. Todo continuaría igual, a menos que se haga lo que nunca se ha hecho.