El discurso anual del Presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) usualmente es conciliador y de enérgicos comentarios tan sólo entre líneas, algo típico de representantes de la cúpula empresarial. Sin embargo, el texto de la semana pasada de Manuel Díez Cabral fue bien agresivo, tal vez por haber sido pronunciado durante una transición política.

Se quejó de que en los últimos doce años la cantidad de empleados públicos ha subido de 330,592 a 665,595. Criticó la “tendencia sostenida al aumento del déficit público y al incremento en la deuda”, y es cierto. En cada uno de los últimos cinco años el déficit fiscal ha sido superior al del año anterior.

Después de citar publicaciones del Banco Mundial y del Foro Económico Mundial donde se evidencia que nuestro país es de los peores del mundo en cuanto a clima de negocios y competitividad, y referirse a la necesidad de “transparencia en la adjudicación de obras y los mecanismos de financiamiento”, agregó: “Debemos sepultar de una vez para todas la idea que prima en nuestra sociedad de que las posiciones desde el poder, públicas o privadas, son una patente de corso para violar la ley impunemente”.

Con relación a la reforma fiscal integral su posición fue bien clara. Después de recordar que la última fue la de Balaguer de 1992 y que desde entonces “se han realizado nueve parches fiscales”, se preguntó: “¿Hasta cuándo tenemos que seguir haciendo parches para luego tener que salir a pedir prestado empeñando nuestra soberanía fiscal? ¿Es ése el mejor de los caminos? Creo que estamos viendo en algunos ejemplos claramente expuestos las consecuencias de transitar esa ruta. Miremos hacia Europa donde hace apenas unos pocos años Grecia y España gozaban de ‘pequeñas estabilidades macro-económicas’ y ahora están teniendo que reducir sus gastos de manera importante para evitar un colapso total de sus economías”. Díez Cabral declaró: “Quiero ser enfático.

El sector empresarial no respaldará otro parche tributario”. Además, sólo aceptará una reforma tributaria si ese pacto afecta el gasto público, estableciéndose “un Estado verdaderamente austero, que invierta de manera inteligente. No es posible seguir acumulando déficit fiscales financiados con deuda externa”, sentenció.

Pidió al gobierno “asumir una postura firme con los militares que tienen inversiones en el transporte de carga, pues muchas veces son estos los que, aprovechándose de su rango, promueven y  protegen las acciones vandálicas de grupos de choferes inescrupulosos. Si el transporte no deja de operar bajo condiciones extorsivas no podremos establecer una verdadera organización de ese sector. La libre competencia en el transporte y el libre acceso a los puertos tiene que hacerse realidad”.

Nuestra prensa, equivocadamente, enfatizó la parte de su discurso donde pidió que el Banco Central cese en sus actividades de “intermediación financiera”. Fue una frase mal redactada pues por las tres líneas que siguen se evidencia que lo que pedía era la desaparición de la deuda cuasi fiscal, algo que le encantaría al Banco Central. Pero nuestra prensa no mencionó su opinión de que desde el 2003 nuestro tipo de cambio real se ha apreciado, es decir que nuestro peso, ajustado por los ritmos de inflación externos e internos, ha subido de valor, no se ha devaluado.

En cuanto a la educación recordó que “el promedio diario de la docencia es solo de dos horas y media”, al tiempo que pidió la despolitización del gremio de profesores y se preguntó de qué servía a nuestra sociedad contar con 60,000 abogados (“que la economía no necesita”) cuando se tienen que importar técnicos industriales que el país no produce.

Citó que el modelo de “llave rota” amenaza la sostenibilidad del seguro familiar de salud, al tiempo que pidió más alternativas de inversión para los fondos de pensiones, hoy día colocados todos en pesos, corriendo el riesgo de una devaluación, y, además sólo en cuentas bancarias y en bonos de la deuda pública.

En fin, describió una buena agenda para discutir con el gobierno de Danilo Medina.