UBI RIVAS
La Secretaría de Medio Ambiente ha condicionado retornar el diálogo con las granceras poniendo como condición que reanuden las suspendidas extracciones en los diferentes lechos de los ex-ríos que aún nos quedan. Es decir, que la única óptica y/o opción de que dispone Medio Ambiente es la de que las granceras prosigan sus acciones de socavar y extinguir los agregados depositados por millones de años en el lecho de las corrientes de agua dulce del país, que evitan la percolación y con ello, los arrastre violentos que a su vez provocan inundaciones lamentables en pérdidas de vidas humanas, cosecha y crianza de animales.

Hace tres años, la Academia de Ciencias hizo una publicación donde expuso un acopio de 80 lugares en todo el territorio nacional donde existen minas de agregados para la industria de la construcción, y ni el gobierno anterior, que presidió un profesional en las ciencias agronómicas, además de floricultor y empresario diseminador de semillas genéticas de alta valoración taiwanesas, ni tampoco el actual, han procedido en consecuencia.

Se trata de evitar que, repito, se pierda la capacidad de retención de evitar las corrientes rápidas que los agregados impiden cuando se producen continuos aguaceros y fenómenos naturales de huracanes, que arrastran todo por delante.

Con el impasse actual, considero que es oportuna la ocasión para que Medio Ambiente asuma la explotación de esos 80 puntos de minas naturales que refirió la Academia de Ciencias, y el producto de las ventas de agregados se use para reforestar las cuencas degradadas donde nacen aún las aguadas, cabezas de agua y manantiales que nutren nuestros escuálidos ex-ríos.

Medio Ambiente debe, de una vez por todas, impedir que prosiga el desmantelamiento de los agregados de los principales acuíferos, Nizao, que nutre la presa de Valdesia y el acueducto de la capital dominicana, Yuna, que nutre la presa de Rincón, y Yaque del Norte, un desastre ecológico de magnitudes sombrías y que de proseguirse procediendo con la abulia irresponsable de siempre, dentro de menos de una década podríamos estar desalinizando agua del mar porque nos habremos quedado sin fuentes de agua dulce.

Desalinizar agua del mar es una proceso costosísimo en mantenimiento que sólo los países árabes, Curazao, Aruba, Bonaire y algunas islas más dependientes de metrópolis de los G-7, pueden darse el lujo de procesar.

Adquirir máquinas trituradoras de piedras y otros agregados, no traduce una ciclópea inversión, a sabiendas de que puede recuperarse brevemente y el Estado dominicano iniciar de esa manera y con esos recursos que ahora alega no disponer (se tienen recursos para lo que se quiere y no para los que no se quieren) la restauración de nuestros magros remanentes boscosos.

A ese propósito es menester añadir los saneamientos de verdad, sin aguajes ni demagogia que ya nadie cree, por lo manido del abuso de usarse, los lechos de los dos Yaque, Norte y Sur, Yuna, Camú, Higuamo y otras firmas más.

De no hacerse la terapia correcta de rescatar nuestras fuentes hídricas, ahora, sin más plazos, el país corre el riesgo de en términos forestales y de secuencia hídrica, desaparecer, por la presión descomunal que viene realizándose contra el patrimonio más invaluable de una sociedad, que es el forestal y de medio ambiente, de sus sistemas ecológicos claves.

Si el precio de recibir recursos para las campañas políticas de los granceros es lo que impide su desaparición ó en otra versión, si no se tienen los pantalones para eso hacer, su control estricto, lo más posible, con una supervisión técnica idónea de Medio Ambiente, y que en lo sucesivo, no se siga hablando más del tema, porque los enunciados están ya expuestos.