Armados con fusiles, uniformados de verde olivo y con sus rostros cubiertos, 20 niños de una comunidad del estado de Guerrero en México, fueron presentados como nuevos integrantes de la policía autónoma local.

En una reunión del pueblo de Ayahualtempa, los líderes locales dijeron que los 15 niños y 5 niñas -de entre 11 y 15 años- asumirán funciones de vigilancia como parte de los esfuerzos para enfrentar a los grupos criminales que han asolado a la población en las últimas semanas.

El último ataque, denunciaron, fue contra una familia completa el 19 de enero.

Identificados como Cecilia Gaspar Hernández; su esposo, José Teodoro Domingo; y sus hijos, Gaudencio y Teodoro Gaspar, los líderes comunitarios señalaron que fueron secuestrados por miembros de la banda los Ardillos.

«Tenemos conocimiento de que hay comunidades que están controladas por ellos [los Ardillos], pero nosotros no hemos provocado a nadie, nos provocan a nosotros. Por eso pedimos a las autoridades municipales, estatales y federales que nos apoyen con agentes de seguridad», dijo Luis Morales Rojas, un miembro del gobierno autónomo de Ayahualtempa e integrante de la policía comunitaria.

Aunque Morales Rojas declaró que «es legal» la formación de menores, el gobierno de Guerrero ha dicho que la ley estatal, que reconoce el gobierno de los pueblos indígenas y su autogestión, incluido el aspecto de seguridad, no ampara la integración de niños a grupos de autodefensa.

«Nosotros vamos a presentar las denuncias correspondientes, porque nadie puede atentar contra los derechos de los niños. Armar a los niños no es una estrategia adecuada», afirmó este jueves Ludwig Marcial Reynoso, el secretario de Gobierno estatal.

Sin embargo, episodios como este no son nuevos en la región.

En 2020 también fueron presentados varios niños como parte de una policía comunitaria en el pueblo vecino de Alcozacán «como una medida de presión a las autoridades ante la violencia que se vive», le explica a BBC Mundo el periodista Arturo de Dios Palma.

«Son niños que sí están preparados para el uso de armas, pero no los ponen al frente contra los enfrentamientos o ataques. Esta es la segunda o tercera generación. Probablemente los niños de hace cuatro años ya son mayores de edad, que ya estén en los frentes cuando es necesario”, explica el corresponsal del diario El Universal.

¿Qué está pasando en la región?

Las comunidades de estos pueblos de la región de La Montaña de Guerrero han sufrido años de violencia de los grupos criminales que se ha agudizado desde 2021.

Primero fue el grupo delictivo los Rojos (supuesto participante en el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, en el mismo estado) el que ejercía el control de la región, que es un centro de producción y tráfico de drogas como la amapola y la marihuana.

«Conformaron la policía comunitaria, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y Pueblos Fundadores (CRAC-PF), que es la policía histórica de Guerrero», explica Palma.

«Casi todas las comunidades se unieron ante el acoso constante del crimen, de todo el catálogo de violencia: asesinatos, desapariciones, ataques, etcétera».

Sin embargo, la policía comunitaria regional se fragmentó y en Ayahualtempa crearon su propio grupo de autodefensa.

El desfile de niños armados en 2020 causó reacciones a nivel nacional e internacional, pero las autoridades negociaron con los pobladores para su desarticulación.

Sin embargo, en Ayahualtempa han vuelto a tomar esta medida ante el aumento de la violencia y la desatención de las autoridades.

«Además está toda la marginación que históricamente han vivido estos pueblos. Son pueblos originarios nahuas que en Guerrero están en una pobreza muy grande, sin caminos, sin profesores, sin médicos», explica Palma.

«Las autoridades no respondieron a las demandas con una operación de búsqueda de esta familia. Y ellos hacen esto para buscar la reacción», indica el periodista.

El porte de armas de calibre .22 es legal, pues está amparado por la ley conocida como 701 que garantiza los derechos y autonomía de los pueblos indígenas.

Sin embargo, ésta no ampara la creación de escuadrones de menores de edad.

En la reunión comunitaria del pasado miércoles, a la que asistió Palma, los líderes aseguraron que los niños solo realizarán labores de vigilancia.

«Ellos mismos dijeron que estos niños no van a estar al frente [de la seguridad], sino una vigilancia dentro de la comunidad. Al frente están los adultos», dijo el periodista.

Sin embargo, en el pasado algunos menores han tomado esta integración en grupos de autodefensa como un deber con la seguridad de todos en la comunidad hasta las últimas consecuencias.

«Si hay alguno de los contrarios, que ya mató a uno de nuestros compañeros, pues ni modo, le tengo que dar si ya lo tengo de frente», le dijo un niño de Alcozacán, identificado como Luis Gustavo, a la cadena Imagen Noticias hace tres años.

En 2022 el gobierno negoció la desmovilización de menores de edad en esa localidad.

Promesa de seguridad

Luego de la presentación de niños armados en Ayahualtempa, funcionarios del gobierno de Guerrero se trasladaron a Alcozacán donde celebraron una reunión conjunta de las dos comunidades.

Además de asegurarles que hay un operativo para la búsqueda de la familia Domingo Gaspar, los funcionarios dijeron que tendrán presencia de militares y miembros de la Guardia Nacional y de la policía del estado para evitar la violencia.

«Desde el primer momento en que se tuvo conocimiento de los desaparecidos se iniciaron las búsquedas», aseguró este jueves Marcial Reynoso.

El gobierno estatal ha estado bajo la lupa luego de un aumento de 24% de los homicidios entre 2022 y 2023, según las cifras oficiales dadas a conocer este mes.

Además, ciudades importantes como Acapulco y Taxco han sufrido paros de transportistas por la violencia desde el inicio de año.

La gobernadora Evelyn Salgado ha optado por reemplazar al jefe de seguridad estatal por un militar, el general Rolando Solano Rivera, en un intento de atajar la situación.

Pero mientras la nueva estrategia entra en acción, el jueves los menores armados seguían formados en la comisaría municipal de Ayahualtempa.