La indiferencia de muchos funcionarios sobre las demandas populares es uno de los mejores incentivos para provocar el descontento. Es también el peor enemigo que puede tener cualquier Gobierno, especialmente cuando sus dirigentes son apáticos para hacer frente a los reclamos. La contundente respuesta, expresada en movilizaciones y huelgas, es el mejor termómetro para medir la satisfacción o no de un país. El más reciente paro nacional de actividades así lo demostró.

Si se analiza objetivamente, los convocantes de la huelga del pasado  día 11 de este mes ni siquiera piden transformaciones  sociales de fondo, sino que se limitan a exigir la eliminación de nuevos impuestos consignados en el llamado “paquetazo fiscal”, aprobado al vapor por el Congreso controlado por el oficialismo. Los demás reclamos se refieren a la construcción o reconstrucción de obras públicas, suministro de agua potable, cese de los apagones y mejorías en el sistema de salud en todo el país.

La necesidad de una escuela, la reparación de calles pueblerinas o de caminos vecinales, el mal funcionamiento de un sistema de agua potable, la falta de medicinas en algún hospital de provincias o un deficiente servicio de recogida de basura o del servicio eléctrico, son suficientes elementos generadores de inconformidades. Si a esto se añade el creciente desempleo, la falta de circulante y nuevos impuestos, no cabe duda de que las comunidades se sientan asfixiadas y acepten sumarse a cualquier protesta, aunque sea organizada por un grupo político de oposición  que no ha sido reconocido por la Junta Central Electoral (JCE).

El respaldo que otorgó el pueblo a la huelga,  convertida en  una manifestación generalizada de descontento,  se debe a  que la gente está cansada de ver cómo crecen los problemas sin que se perciban soluciones a corto o mediano plazo.

Los funcionarios que tienen que ver con las posibles salidas a esos problemas, entre ellos el honorable señor Presidente de la República, deberían reflexionar sobre los acontecimientos mencionados, para tratar de buscar vías de avenencia que lleven a soluciones concretas, sobre todo cuando falta tan poco tiempo para que en el país se produzca un cambio de Gobierno.

Las nuevas autoridades que surjan, no importa a cuál partido político pertenezcan, no se merecen recibir tantos problemas acumulados, porque entonces tendrán que afrontar, tan pronto comiencen sus funciones, las inconformidades por tanto tiempo vigentes y que amenazan con convertirse en una enorme piedra desprendida desde lo alto de la montaña, que podría arrasarlo todo.

Los altos dirigentes políticos deberían recordar que la Historia mayormente se ocupa de revisar sus actuaciones, para entonces emitir un juicio definitivo, que podría ser bueno o malo.