Dentro del maremágnum de problemas y fallos que adolecemos en este país nuestro, uno de los principales lo representa la justicia, que se aúna a los estamentos de rumbosos narcotraficantes, la multitud de los candidatos a la presidencia, al Congreso Nacional, alcaldes y regidores, la delincuencia común y otros detonantes.

El tema de la violencia de género y la intrafamiliar es un asunto preocupante al que no se le da suficiente atención.

En lo que va de año, más de treinta mujeres han sido asesinadas por parejas, exparejas y conocidos. Pero la realidad es que todos los procedimientos formulados para tratar esta problemática han sido inútiles y poco apoyados por una justicia venal e ineficiente, como se demostró en el caso más reciente, del asesinato de Anibel González, en la que la fiscal del Ministerio Público de San Pedro de Macorís, Margarita Hernández Morales, arribó a un acuerdo con el matador Yasmil Fernández, sin la anuencia y conocimiento de la víctima, saliendo éste en libertad para completar su intento de matarla el 2 de diciembre de 2017. Los resultados son, tres huérfanas que deberán criarse entre dos familias que seguramente se volverán incompatibles.

Si usted entabla una demanda en cobros de pesos frente a un malapaga que le debe por motivo de un préstamo de dinero o por el pago de un bien vendido, prepárese porque seguramente lo que será juzgado sea un incidente accesorio al objeto principal de la demanda (el que debe tiene que pagar lo adeudado), pues fíjese que es muy probable que pierda el pleito, sea por falta una asamblea, falta de comparecencia, el que asistió a los juicios no era el presidente de la Compañía, sino un accionista, etc. El malhechor demandado en la justicia dominicana tiene todas las de ganar, insólito pero cierto.

En tiempos pasados, hubo sentencias que creemos que solamente suceden en la República Dominicana, como fue el célebre caso de la Sunland en el cual el Estado Dominicano salió perjudicado con 130 millones de dólares, que finalmente tuvieron que pagar los accionistas del Banco del Progreso y el verdadero receptor del préstamo, fue absuelto por el juez de turno y lo más inverosímil el procurador fiscal de entonces, no apeló. Este fue un caso que por ser de Orden Público, se presentó ante la Suprema Corte de Justicia, porque dicho préstamo no fue aprobado por el Congreso Nacional, tal como lo dispone la Constitución, pero fue rechazada dicha petición porque el ciudadano que la intentó “no tenía la calificación para tal acción” y además fue desestimada porque se consideró un “asunto político”, lo cual demuestra que la Constitución no es más que un pedazo de papel.

Creo que todos debemos reflexionar al respecto no solo cuestionar funcionarios judiciales por su mal desempeño a la hora de administrar justicia, todo lo que ha pasado, está pasando y pasará, se debe a nuestra permisividad pasiva y manifiesta, que se conforma con comentar y criticar hasta el siguiente caso o tragedia.
Cuando la aplicación de la justicia es manejada por políticos y sus intereses, los tribunales se convierten en prostíbulos, donde obtiene ganancia de causa el mejor postor. Es debido a esto, que procesos aparentemente de fácil solución, en connivencia con los abogados litigantes, se prolongan “per secula seculorum”, lo cual empantanan el conjunto de casos que deben conocer los tribunales.
Últimamente se han producido detenciones en el caso del ya famoso “César el Abusador”, en donde beisbolistas de grandes ligas (Dotel y Castillo) fueron involucrados en el proceso que se le sigue por narcotráfico . Al conocer el juez los cargos de lavado al estos jugadores, se determinó que no participaban en la banda de dicho prófugo. Ahora bien, ¿quién resarcirá a estos beisbolistas por el daño, aunque involuntario, causado a su honra y reputación?
Somos de opinión que en el caso de Odebrecht la Procuraduría General de la República ha actuado con un carácter selectivo, ya que no están todos los que son, ni son todos los que están. Por lo tanto, ese proceso está viciado.
Esta es la justicia que se supone nos ampara, conformada por jueces, fiscales y auxiliares judiciales que parecen ignorar el significado de JUSTICIA: Principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde; Derecho, razón, equidad; Conjunto de todas las virtudes. Esa, no es nuestra Justicia.