En su excelente discurso del martes pasado ante el Presidente de la República Danilo Medina y los principales líderes empresariales dominicanos, Franklin Báez Brugal, con extraordinaria valentía hizo fuertes e inusuales (para un empresario) críticas a los políticos dominicanos y al gobierno de turno. El empresariado allí presente lo aplaudió mucho.
En períodos preelectorales anteriores eso hubiese preocupado a los candidatos oficiales, pues hubiesen pensado que los aportes del sector privado a las campañas electorales serían poco significativos. Sin embargo, el PLD Inc. ha logrado “auto-gestionar” el financiamiento para sus campañas electorales, sin tener que “tercerizar” ese esfuerzo. Esos aportes ahora provienen de forma indirecta del propio presupuesto nacional y de tesoreros del partido cuyos saldos bancarios se nutren de obras sobrevaluadas de “ejercicios anteriores”. Además, y desde hace varias elecciones, los partidos que han logrado un decente porcentaje de los votos reciben del gobierno, y a través de la Junta Central Electoral (JCE), un aporte accionario no reembolsable y sin derecho a dividendos.
En adición, nada de debates entre candidatos presidenciales al estilo de las democracias (nada de “lo que nunca se ha hecho”), nada de convenciones para elegir candidatos oficiales, pues ahora todo se hace al buen estilo del rancio PRI mexicano, pues se reúnen tres docenas de personas y deciden quiénes serán los candidatos. Como eso representa un avance en el proceso democrático, es difícil de explicar y mucho menos justificar.
Báez Brugal admitió estar perplejo ante el comportamiento de nuestro Producto Interno Bruto (PIB), pues, a diferencia del resto de los países de América Latina, especialmente de América del Sur, donde éste fluctúa según los ciclos de los “commodities”, incluyendo el petróleo, en nuestro caso, como ocurría con los espaguetis de antes, simplemente “crece y crece”. Y crece, agregamos nosotros, a pesar de que la proporción entre el gasto y la inversión cada día es menor, cuando es una mayor proporción en la inversión lo que precisamente provoca el crecimiento.
Bajo la Ley de Desarrollo Fronterizo cada nuevo empleo le cuesta al fisco mensualmente RD$48,000 según un buen ponderado reciente estudio. Si se elimina esa ley y con el ahorro resultante el sector público crea tres nuevos empleos públicos de RD$16,000 cada uno, en vez del anterior uno privado, simplemente aumentaría el empleo en la frontera y, también, consecuentemente, en el país.
Si se eliminan varios de los nuevos ministerios, varias organizaciones que siguen viviendo del presupuesto pero ya hacen poco, como el INESPRE, si se reduce la cantidad de provincias y con las menores nóminas de empleados públicos provinciales, senadores, diputados y gobernadores y si el consecuente ahorro en el gasto corriente se invierte en caminos vecinales, canales y crédito agrícola.
¿Qué pasaría? Que al crecer la inversión y bajar el gasto corriente, el PIB aumentaría.
Si se logra que el 90% de los dominicanos, y no el 66% actual, pague la luz y esos enormes recursos el gobierno los asigna a salud y así ese sector también recibe el 4% del PIB. ¿Qué pasaría? Que los pillos ayudarían a mejorar la salud del pueblo, incluyendo la de esos mismos pillos.
En resumen, más empleo, más inversión pública, mejor salud y más crecimiento del bendito PIB.