Andrés Manuel López Obrador ya lo ha dejado muy claro, tanto en público como en privado: no se habrá de echar para atrás la reforma energética.
Esto significa que en el corto plazo no habrá de proponerse una reforma al artículo 27 de la Constitución con objeto de prohibir el tipo de contratos que permitió la reforma: licencias, producción compartida, utilidad compartida y de servicios.
Tampoco habrán de reformarse las leyes en materia de hidrocarburos y solo se harán modificaciones reglamentarias que no impliquen cambios legales. Igualmente, se usarán las atribuciones del Estado para revisar los contratos otorgados en los concursos que hasta ahora se han realizado.
Pese a esos anuncios, no se ha ido del todo el nerviosismo de los inversionistas, quienes temían que hubiera el intento de hacer una revocación generalizada de los contratos y de realizar una contrarreforma, pues hay condiciones para que AMLO pueda obtener la mayoría calificada en las Cámaras (con el apoyo del PRD y MC), y tiene el número suficiente de Congresos locales como para realizar un cambio constitucional en materia de hidrocarburos.
¿Por qué razón hay preocupación? Los principales motivos son dos. La política de precios de las gasolinas, por una parte, y los proyectos para construir o rehabilitar refinerías por otra.

Debido a la escasa infraestructura de almacenamiento y distribución que existe en México, Pemex seguirá siendo por mucho tiempo el principal importador y distribuidor de las gasolinas en México.
Aunque ya se pueden otorgar permisos al sector privado, la falta de infraestructura limitará la capacidad real de importación y distribución de las empresas.
Los cambios en la política de precios implicaban dejar que –en cierta medida– los que Pemex da a los distribuidores y luego los que éstos dan al público, reflejaran el comportamiento del precio de las gasolinas en el mercado norteamericano.
Con la política que la próxima administración ha anunciado, de aumentar los precios de la gasolina según el nivel de inflación, existe el riesgo de que no haya la flexibilidad suficiente para incorporar al precio final un alza en los valores de importación.
En ese caso, Pemex vería mermados sus ingresos y comprometida su situación financiera.
De hecho, en el primer semestre de este año, aun sin mantener fijos los precios, simplemente amortiguando un poco el alza, el IEPS a las gasolinas ha recaudado 30 mil millones de pesos por debajo de los presupuestado.
Claro que si resultara que los precios de las gasolinas en el mercado norteamericano bajan y se mantienen altos en México, entonces el balance sería favorable para Pemex y el gobierno.
Pero se trata de una apuesta incierta en mercados tan volátiles como el petrolero o el cambiario.
Luego viene el tema de las refinerías. La escasa utilización de las que existen actualmente, cuyo promedio está en 40 por ciento de la capacidad instalada, deriva de que hay cuellos de botella como en la provisión de hidrógeno para el proceso o en la falta de mantenimiento.
AMLO ya anunció un proyecto para invertir 2 mil 630 millones de dólares en la reconfiguración de las seis refinerías en los siguientes dos años, sin que ello excluya el proyecto para construir dos más. La primera ya tiene ubicación y presupuesto. Costaría US$8,400 millones.