Mientras en las altas esferas políticas de Washington se producen llamados para realizar una investigación independiente sobre la supuesta posesión de armas de destrucción masiva en manos del Ejército iraquí, y entre sus conspicuos figurones se comenta que la no-existencia de tales armas podría afectar la campaña electoral del presidente George W. Bush, don Mario Vargas Llosa, en su libro «Diario de Irak» relega a un segundo plano ese asunto, considerando que la intervención militar de los Estados Unidos, Inglaterra y España en Irak para derrocar a la dictadura de Sadam Husein, «una de las más cueles, corruptas y vesánicas» es una razón de por sí suficiente para justificar la acción contra la antigua Mesopotamia emprendida por el mandatario estadounidense secundado por sus colegas el británico Tony Blair y el español José María Aznar.

A pesar de los años transcurridos, intervenciones militares como las llevadas a cabo por la Infantería de Marina de la Armada de los Estados Unidos en la República Dominicana (noviembre de 1916; y abril de 1965) presentan algunos contenidos comunes con la recién perpetrada por los Ejércitos de la Coalición en Irak.

Falsos eran los alegatos esgrimidos por los Estados Unidos para invadir en dos ocasiones a la República Dominicana; como hoy también son falsos los de la existencia de armas de destrucción masiva en manos del ejército iraquí y de su ligazón orgánica con los terroristas de Al Qaeda, empleados por los gobiernos de los Estados Unidos, Inglaterra y España para justificar la ocupación militar a la antigua Mesopotamia.

Después de negociar la deuda externa de la República Dominicana, en principio estimada en unos 40 millones de dólares (reducida por acuerdo entre el gobierno dominicano y sus acreedores a sólo 17 millones de dólares) el presidente Ramón Cáceres concertó, a finales del año 1907, con el respaldo del gobierno norteamericano, un préstamo de 20 millones de dólares con la firma Kuhn, Loeb Company de New York para dedicarlo, como en efecto lo dedicó, a la cancelación de todas las deudas del gobierno y a las construcciones de obras públicas.

Inmediatamente después, el gobierno del presidente Ramón Cáceres firmó con el d e los Estados Unidos la llamada Convención Domínico Americana de 1907.

Mediante ese acuerdo internacional, el gobierno dominicano consintió dedicar el 50% de sus ingresos aduanales para el pago de la deuda de 20 millones de dólares. También, se comprometió, hasta tanto esa deuda no quedara saldada, a no modificar su tarifa aduanera ni aumentar su deuda pública si no era mediante un acuerdo previo entre el gobierno dominicano con el gobierno estadounidense.

En la Convención Dominicano Americana de 1907 también quedó especificado que el Receptor de Aduanas (de las aduanas dominicanas) tenía que ser un funcionario de nacionalidad norteamericana nombrado por el gobierno de los Estados Unidos.

Un interpretación unilateral sobre el aumento de la deuda pública de la República Dominicana junto a una apreciación errada sobre el estado de convivencia de los dominicanos fueron los argumentos utilizados por el gobierno de los Estados Unidos para intervenir militarmente en nuestro país en noviembre de 1916.

Después de 1907, la República Dominicana no había contraído ningún compromiso financiero externo; y de los de 20 millones que en principio le adeudaba a una firma norteamericana, sólo restaban 8 millones por pagar; y de seguir efectuándose los pagos conforme los prescribía la Convención, la deuda externa de la República habría quedado saldada en 4 años, es decir, 33 años antes de los especificado en el célebre convenio concertado entre el presidente Ramón Cáceres y Theodore Roosevelt.

Cuando las tropas yanquis desembarcaron aquí en 1916, existía en la República Dominicana un gobierno legalmente constituido que presidía el doctor Francisco Henríquez y Carvajal.

En 1965, dos años después de que unos generales de San Isidro derrocaran y mandaran al exilio al presidente Juan Bosch, dos cuarteles militares al mando del entonces coronel Hernando Ramírez se sublevaron contra el gobierno de facto, demandando la reposición del presidente Bosch y la vuelta a la constitucionalidad sin elecciones.

Para impedir que esto se lograra, el gobierno de los Estados Unidos ordenó el desembarco de 42 mil marines en la República Dominicana.

El gobierno norteamericano alegó que había enviado sus tropas a Santo Domingo para salvar vidas y para impedir que 42 comunistas (a quien escribe estas líneas se le hizo el honor de señalarlo como uno de ellos) que se había enquistado en los mandos militares constitucionalistas desviaran el curso la revuelta.

De más estaría decir que las ocupaciones militares a la República Dominicana por tropas de la Infantería de Marina de los Estados Unidos constituyeron en las dos ocasiones en que se produjeron una grosera violación a las normas del derecho internacional que regía las relaciones entre estados soberanos.

Dominicanos de la tacha de Américo Lugo, Manuel Arturo Peña Batle, Francisco y Federico Henríquez, Manuel Cestero y otros les exigieron a los interventores yanquis la desocupación del país sin que los dominicanos tuviesen que validar ninguna de las acciones de las tropas de ocupación. Pedían que las autoridades del gobierno estadounidense «pura y simplemente «volvieran a reembarcar a su marines. Pero, lamentablemente, no faltaron otros que se prestaran a legalizar la intervención a través del llamado Plan Hughes Peynado.

En Abril de 1965 ocurrió que la violación a la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en que incurrió el gobierno de los Estados Unidos al intervenir militarmente en la República Dominicana fue justificada y validada por la misma OEA con la creación de parte de esa organización continental de la llamada Fuerza Interamericana de Paz.

¿Legalizará el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas las acciones militares perpetradas contra Irak?

En Irak, los miles de iraquí que luchan contra las tropas de la coalición demandan «pura y simplemente» que esos interventores salgan de la antigua Mesopotamia.

Diferencias de formas las hubo y las hay: a los dominicanos que luchaban contra los interventores yanquis les llamaban gavilleros o comunistas. Y terroristas a los iraquí que guerrean contra los de la Coalición.