Al margen de las reformas constitucionales formales, la República Dominicana ha experimentado un conjunto de reformas legales que, por su dimensión, significado y repercusiones, podrían denominarse “cuasi constitucionales”. Tal es el caso, por solo citar tres ejemplos, de la reforma judicial que inició en 1998 con la designación de la denominada Corte Subero Isa, la reforma del sistema de seguridad social en 2001 y la reforma procesal penal. Se trata de tres procesos, todavía en curso, con luces y sombras, avances, estancamientos y retrocesos, que han transformado radicalmente el sector justicia, el régimen previsional y el sistema penal.
Otra importante reforma cuasi constitucional que ha tenido repercusiones profundas en el devenir nacional es la reforma administrativa y de la jurisdicción contencioso-administrativa, que inicia con la Ley 13-07 para la modernización de dicha jurisdicción, continúa con las leyes de la función y de la Administración pública, entradas en vigor en 2008 y 2012, respectivamente, se profundiza con la Ley 107-13 de procedimiento administrativo y tiene como reto pendiente la ley de la jurisdicción contencioso administrativa, también conocida como la ley del control judicial de la Administración. Todas estas leyes han tenido un impacto notable en la organización y la acción administrativa, la responsabilidad de la Administración, la garantía efectiva de los derechos de las personas ante la Administración y la transparencia administrativa, al extremo que el Tribunal Constitucional, en una de las escasas decisiones en que ha admitido la existencia de derechos fundamentales implícitos, ha proclamado que el derecho a la buena administración, reconocido en la Ley 107-13, constituye un derecho fundamental.
Este conjunto de leyes ha sido propulsado por un grupo de juristas dominicanos, encabezados por la Dra. Rosina de Alvarado, madre del nuevo Derecho Administrativo dominicano; el hoy embajador de la República ante el Reino de España, Lic. Olivo Rodríguez Huertas, y una pléyade de destacados, talentosos y jóvenes «iusadministrativistas»; que han producido, además, numerosos manuales y monografías, entre las cuales podemos citar las escritas por Sigmund Freund, Francisco Ortega Polanco, Franklin Concepción, Rafael Ciprián y Argenis Rosario; y que han sido acompañadas por una dinámica jurisprudencia emanada del Tribunal Superior Administrativo -cuyo presidente, Rafael Vásquez Goico, tiene aportes doctrinarios importantes, como su seminal ensayo sobre las medidas cautelares en el contencioso dominicano- y un conjunto de programas universitarios de posgrado, con participación de eminentes docentes internacionales, entre los cuales sobresale la Maestría en Derecho Administrativo y Regulación Económica de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).
Es en el marco de este profundo proceso de cambios de la Administración pública, del Derecho Administrativo y de la jurisdicción contencioso-administrativa -que ha merecido incluso la atención de la doctrina comparada, como ha ocurrido con la Ley 107-13, considerada por el eminente «iusadministrativista» español Javier Barnes, como una ley de procedimiento de última generación-, que se produce, a iniciativa del Dr. Allan Brewer-Carías, el más importante «iuspublicista» vivo de América Latina y el Caribe, y gran amigo de la República Dominicana y su comunidad jurídica, la feliz decisión de trasladar a la República Dominicana las Jornadas que se celebran en su honor desde 1995 en Venezuela, que fueron interrumpidas por la crisis que padece la hermana república en 2005y que, a partir del martes 6 de noviembre, por una prodigiosa “diosidencia”, Día de la Constitución, y hasta el viernes 9 de noviembre, se celebran con el tema de “La Administración pública en el Estado Social y Democrático de Derecho” y bajo los auspicios del Instituto Dominicano de Derecho Constitucional, la Fundación de Derecho Administrativo de Venezuela, la PUCMM y la Asociación Dominicana de Derecho Administrativo. Participan como panelistas y comentaristas extranjeros en esta primera edición dominicana de las Jornadas Brewer-Carías, ahora extendidas a todo el Derecho Público y no solo al Administrativo, los prominentes juristas, procedentes de Venezuela, España, Colombia e Italia, Antonio Silva Aranguren, Carlos Ayala Corao, Fernando López Ramón, Giacinto de lla Cananea, Gian Franco Cartei, Gustavo Urdaneta Troconis, Jaime Santofimio, Jaime Rodríguez-Arana, José Carlos Laguna, José Ignacio Hernández, Juan Alfonzo Paradisi, Libardo Rodríguez, Luciano Parejo Alfonso, María Amparo Grau, Rafael Badell, Ricardo Rivero Ortega, Víctor Hernández-Mendible, Andrés Briceño, Belén Ramírez, Carlos Luis Carrillo, Caterina Balasso, Claudia Nikken, Faustino Flamarique, Flavia Pesci, José Antonio Muci, José Gregorio Torrealba, Luis Fraga Pittaluga, Manuel Rojas y Nicolás Badell. La celebración de estas Jornadas constituye paso más en la construcción de una cultura institucional tendente a profundizar la domesticación jurídica de ese gran Leviatán, omnipotente ogro filantrópico que es nuestra Administración pública.