Las lecciones tras el caso del canódromo. El abuso es incuestionable. Nadie, por más autoridad que crea tener, puede arremeter contra la prensa o contra un funcionario que vaya a supervisarle. Los hechos, que rayan en lo delincuencial, son reprochables y tienen que ser castigados.

Al principio, cuando aún no se había esclarecido lo que pasó, parecía que el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, llegó con actitud amenazante y, producto de ello, los agentes reaccionaron de forma abusiva y atropellante. Al final, sin embargo, queda en evidencia que fue al revés: él reaccionó ante el exceso que los agentes cometieron desde que llegó con la prensa para inspeccionar el famoso canódromo.

Aunque la actitud de Ulloa no ayudó a bajar los ánimos, la predisposición frente a la prensa fue tan manifiesta que a quienes agredieron en primer momento fue a ellos. ¿Por qué impedir que los periodistas entraran? ¿Qué no podían ver? Algo oscuro, evidentemente, querían esconder.

Este caso también ha demostrado que falta mucho por decir en torno al Defensor del Pueblo: aunque es una figura constitucional, pocos saben cuál es su facultad y hasta dónde puede llegar. De haber sido así nada habría pasado. A partir de esta experiencia, además, urge hablar de un protocolo para el Defensor, quien pese a su autoridad debe tener más serenidad.

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