Las leyes y tribunales especiales han sido inútiles contra corrupción

Las leyes y tribunales especiales han sido inútiles contra corrupción

POR LEONORA RAMÍREZ S.
Las legislaciones y tribunales especiales, creados para sancionar la corrupción en el sector público, han sido inútiles en el propósito de enfrentar ese flagelo, planteó ayer Julio César Fernández Toro, secretario general del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CELAD).

El experto, que analizó la complejidad social de ese fenómeno en el almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, también consideró que hay algunos mitos sobre el particular, comenzando con la idea de que sólo existe en el ámbito público.

Asimismo, dijo que la deshonestidad es un fenómeno de orden social y que tiene mucho que ver con aquellas sociedades cuyos niveles de institucionalidad son muy bajos.

Si no hay relaciones institucionalizadas donde las reglas del juego estén claras, los procesos económicos y  políticos se dan por relaciones de fuerza y los actores establecen acciones para el beneficio propio, porque no hay requisitos claros, sostuvo.

Sin embargo, aclaró que es incierto que el cohecho exista únicamente en el sector oficial, «no es verdad, hay que decir que muchas de las veces, detrás de cada funcionario corrupto hay un empresario corruptor».

Fernández Toro abundó que la corrupción se evitaría en la medida en que se institucionalicen las relaciones en todos los aspectos y cuando se rescate una ética de lo público que sea asumida por todos los sectores sociales.

«Está demostrado que lo único que frena la corrupción es la transparencia», expresó.

LEGALIDAD MAS QUE ETICA

En tanto, Joan Prats Catalá, director del Instituto Internacional de Cataluña, refirió que la corrupción es el síntoma de un problema y que la enfermedad que hay debajo de este flagelo es un profundo desarreglo institucional.

«Son unas reglas del juego sobre las que se montan prácticas con las que, al final, perdemos todos».

Al afirmar que la sanción más eficaz no es la de los tribunales, sino la social, planteó que «la  ética no es la que nos salva, sino reformar las instituciones que tenemos, esa institucionalidad informal que se expresa en las prácticas educativas».

«No me importa el nivel ético de la gente, sino cómo se comparta objetivamente, porque si tengo que deducir la ética de los evangelios, del Corán o de los libros sagrados de Los Vedas, entonces aquí no nos aclararemos nunca», dijo.

En la discusión también intervino Rodrigo Egaña, subsecretario general de la Presidencia de Chile, quien manifestó que la corrupción debe plantearse también en el contexto de las prácticas cotidianas, turbias, que se consideran normales.

«Hay que verificar si nosotros, sin darnos cuenta, asumimos prácticas corruptas», agregó.

Tiene que haber verdadera voluntad política para que se sancione la corrupción en el área oficial, precisó, de su lado, Iván Finot, experto en desarrollo local y regional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

«Con la transparencia, el flujo de información sobre las operaciones de cada institución, también es posible minimizarla», dijo.

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