MEDELLÍN, Colombia. Las «Madres de la Candelaria», que llevan el nombre de la iglesia en Medellín donde se reúnen a llorar a sus familiares desaparecidos, son la voz de las víctimas olvidadas del conflicto armado en Colombia.

«¡Los queremos vivos, libres y en paz!»: todos los viernes, desde hace 15 años y con una foto de sus hijos alrededor del cuello, estas mujeres gritan entre lágrimas su rabia y su anhelo de justicia delante de la fachada blanca de este templo en la segunda ciudad del país.

«Es una forma de visibilizar a las víctimas, para decir que no nos cansamos, persistiremos hasta que llegue el último de los desaparecidos», dice a la AFP Teresita Gaviria, quien creó esta asociación inspirada en las «Madres de la Plaza de Mayo», separadas de sus hijos durante la dictadura militar en Argentina (1976-1983).

Mientras avanzan en La Habana las históricas negociaciones de paz del gobierno con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas), una guerrilla creada hace medio siglo tras una insurrección campesina, el deseo de estas madres es simple: saber la verdad.

«La mejor de las reparaciones es decirnos la verdad», dice Gaviria a propósito del cuarto punto de la agenda actualmente en discusión, el de las víctimas.

– 26.000 desapariciones forzadas – Aún existen 26.000 casos de desaparición forzada en Colombia, de los cuales 37% son atribuidos a las FARC, según un informe oficial del Centro Nacional de Memoria Histórica.

El conflicto interno, que ha enfrentado al Ejército con guerrillas comunistas, paramilitares de extrema derecha defensores de grandes terratenientes, y bandas criminales, ha dejado más de 220.000 muertos y 5 millones de desplazados.

Teresita Gaviria, quien perdió a su hijo de 15 años, secuestrado por los paramilitares, afirma que las «Madres de la Candelaria» nacieron de la «falta de solidaridad» y la «indiferencia» de la sociedad.

Enérgica, esta secretaria de 65 años, una mujer pequeña de cabello corto, recuerda cómo en ese entonces los familiares de los desaparecidos eran «echados de todas partes».

Excepto por el cura de la iglesia. Su perseverancia le ha traído enemigos y amenazas de muerte, y ha instado a las autoridades a acompañarla permanentemente por medio de dos imponentes guardaespaldas.

También ha conseguido sumar a su causa a unas 900 mujeres del departamento de Antioquia (noroeste), del que Medellín es capital, una de las regiones más afectadas por el conflicto, al concentrar a un cuarto de los desaparecidos.

«Conservamos la fe, la esperanza de saber un día qué fue lo que pasó», asegura Ana Giraldo, una costurera de 62 años, que reprocha a las FARC haber secuestrado a su hermano, del que no recibe noticias desde hace 25 años.

– «Buitres» – Desplazada de un pequeño pueblo, María Manco conoció después el dolor de perder también a su hijo. Hace diez años, testigos dijeron haber visto a la policía llevárselo.

Un día más tarde, aparecía su cadáver. «Gracias a Dios, al menos le pude dar sepultura», dice esta mujer de 62 años que ignora las circunstancias de su ejecución.

Como ella, muchos sospechan que las fuerzas del orden son responsables de las desapariciones forzadas, como ocurrió con el llamado escándalo de los «falsos positivos», en referencia a los civiles abatidos y luego presentados como guerrilleros muertos en combate.

En 2011, el gobierno impulsó una ley de reparación para las víctimas, con una indemnización máxima de 40 salarios mínimos, equivalente a 12.000 dólares, en caso de homicidio.

Sin embargo, algunas familias dudan a la hora de denunciar, por lo cual las «Madres de la Candelaria» organizan regularmente reuniones de información en Medellín.

«La gente tiene miedo a las represalias o a la estigmatización», asegura Alicia Rueda, funcionaria encargada del programa de reparación, invitada a una de las reuniones.

Ella también denuncia a los «buitres», personas que «viven de las víctimas», al proponerles encargarse del seguimiento de sus casos a precio de oro.