Hoy 
Tratos inhumanos –y de castigo anticipado- que remiten a sombrías etapas de atropellos ciudadanos contra la presunción de inocencia impiden reconocer como triunfo de la institucionalidad democrática la vigencia plena de un Estado de derecho más de 60 años después de que el país comenzara a alejarse del totalitarismo trujillista. Los lados siniestros del sistema carcelario, que son mayoría, tienen acentuados sus daños a la sociedad por infuncionalidad del sistema judicial en sus dos componentes, indistintamente; un poder que expone considerables señales de que amerita mayores respaldos presupuestales aun cuando presente avances hacia la agilización de procedimientos y muestre ejercicios de independencia; logros innegables.
La esterilidad de una gigantesca inversión para iniciar el descongestionamiento de las penitenciarías en que se hacinan prevenidos y convictos, permite calificar la floridamente llamada «Nueva Victoria«, hoy trunca, como un fracaso atribuible a constructores del cuatrienio anterior de un defectuoso y costoso proyecto calificado ahora de cuerpo de delito.
Pero ninguna normativa jurídica podría ser esgrimida para legitimar que las edificaciones enormes que costaron todo el dinero del mundo aportado por los contribuyentes permanezcan vergonzosamente imperfectas y en deterioro. Este es un país en el que muy de ordinario propiedades diversas de sujetos sub júdice pasan a usos de interés público o al disfrute de jorocones en lo que el hacha va y viene.
