Las demandas ante tribunales a profesionales y centros de salud por severos resultados negativos en pacientes asistidos preocupan y mueven a protestas, pero en verdad no constituyen epidemia ni niegan que la sociedad dominicana tiene motivos para estar satisfecha con el trato que en la inmensa mayoría de los casos se recibe en consultas y hospitalizaciones aunque los costos han subido extraordinariamente, sobre todo los de los patentizados y estudios especializados que parecen indicados solo para ricos. Aunque parezcan en racha en este momento (apreciación que luce exagerada), el asunto no está para pretender que sistemáticamente la Justicia pase a ignorar los casos que reciba de ciudadanos que invoquen motivos para suponer por evidencias atendibles que merecen resarcimientos por la gravedad de las consecuencias de haber estado bajo tratamientos médicos o en algún quirófano.

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Cabría, quizás, que en respetuosa atención a la protesta médica el Consejo del Poder Judicial estudiara las sentencias que han intranquilizado actuando en su calidad de órgano establecido para garantizar eficacia en las funciones de jueces y tribunales y atender los reclamos que la comunidad formule; además de que el cauce de los procesos siempre hace posible recurrir contra todo fallo de cortes hacia más de una nueva instancia cuando alguna persona aspire a que sea revocada, modificada o enmendada una sentencia anterior. Los medios institucionales para lograrlo están ahí.