Por: Estefania de la Cruz

La República Dominicana se mantiene encabezando los primeros lugares en la región de Latinoamérica y El Caribe en materia de desigualdad de género: feminicidios, embarazo en la adolescencia, y otras violencias contra las mujeres encabezan la lista, con un impacto en dimensiones de salud, acceso a oportunidades, escolaridad, participación en el mercado laboral, pero sobre todo en la profundización de las desigualdades y la reproducción de la pobreza.

Rompiendo Moldes, un estudio impulsado por OXFAM en jóvenes de 15 a 25 años en 8 países de la región en 2015, visibilizo la normalización de imaginarios sociales vinculados al acoso, delitos sexuales y la violencia contra las mujeres, donde Republica Dominicana quedo dentro de los mayores porcentajes en la justificación de conductas violentas basadas en roles y estereotipos, denotando la importancia de la desconstrucción de los mismos con herramientas educativas para la transformación de las dinámicas de violencia contra mujeres, adolescentes y niñas.

Pero, cuando hablamos de género no solo hablamos de mujeres, también hablamos de hombres, de la forma en la que se construyen y reproducen conductas de violencia, acciones temerarias, presiones económicas asociadas a roles, entre otras, que degeneran en problemas de salud mental, deserción estudiantil, altos índices de accidentes de tránsito, alcoholismo, y otras formas de violencia y desigualdad, todas estas agravadas por las diferentes interseccionalidades para ambos sexos. 

Lee más: Las mujeres

En el período de enero-junio 2022, la Procuraduría General de la Republica recibió más de 10,800 denuncias de violencia de género e intrafamiliar, más de 128 mujeres asesinadas y víctimas de feminicidios, la mayoría de estás adolescentes y jóvenes, algunas en estado de embarazo; las deudas sociales históricas para con las mujeres se siguen profundizando, la inexistencia de la educación sexual integral, recursos limitados para la atención y protección a víctimas de violencia, la falta de una ley integral de violencia contra las mujeres,  el poder legislativo se continua planteando un Código Penal que desproteja la salud, la dignidad y la vida de las mujeres y niñas además de la protección a las diversidades, y sobre esto, utilizando tabúes y amarillismo, asumen el discurso de que la herramienta penal se encuentra detenida por estos temas y no por otros intereses económicos y políticos. 

Parece ser que las mujeres no somos prioridad, seguimos siendo consideradas un tema de relleno, una herramienta discursiva y electoral, para organizaciones políticas sin una planificación real hacia la solución de los problemas estructurales que aquejan a poblaciones históricamente vulnerabilizadas. La derogación de la Orden Departamental No. 33-2019 que otorga prioridad al diseño e implementación de una política de género desde el Ministerio de Educación visibiliza que no es un tema de banderías políticas tradicionales, sino de prioridades e intereses, que buscan congraciarse con sectores conservadores que han demostrado no ser relevantes en los procesos electorales más allá del chantaje mediático, bastos ejemplos hay de victorias electorales que desafían a estos sectores. 

Esta decisión es violencia estructural y sistémica, un retroceso en materia de derechos, cuando el Estado, representado en sus instituciones están llamados a ser garantes y proteger el principio de progresividad de los mismos, pasando también por encima a los compromisos con el Pacto por la Educación, la Estrategia Nacional de Desarrollo y el Plan Nacional Plurianual hacia el 2024. 

Se sigue apostando al fracaso de la educación pública y de calidad: la tentativa de reducir el presupuesto dirigido a educación con el MINERD afirmando su incapacidad para planificar y ejecutar su presupuesto, la promoción de becas hacia instituciones educativas privadas, la idea de ‘’flexibilizar’’ los requisitos para el personal docente y las barreras impuestas a la implementación de la Educación Sexual Integral son de las pocas muestras de estas intenciones. 

La educación, vista como un derecho, con la calidad y rigurosidad científica, es la principal herramienta para una vida libre de violencia, debe fomentar el desarrollo integral de las personas en todos sus ciclos de vida, promoviendo una sociedad donde todos y todas seamos iguales en dignidad, acceso y oportunidades, limitarla de una visión transversal de género implica mantener en la vulnerabilidad al 50.7% de la población.

Transversalizar el género, la inclusión y la igualdad en las políticas públicas y acciones del Estado es tener un compromiso real con los sectores vulnerabilizados, con las mujeres, adolescentes y niñas más allá de un discurso electoral.

La política debe apostar a la igualdad, a la participación plena de las mujeres en todos los espacios de participación, esto abarca los espacios de toma de decisiones de los partidos políticos hasta los espacios electivos e instituciones del Estado y en las decisiones que se toman en ellas, hacer lo contrario es ser más de lo mismo.