El instrumento proselitista por excelencia para los partidos en el poder ha sido las nóminas públicas. Y el funcionario que se atreva a cuestionar el gigantismo  estatal y el costo que acarrea, cae inmediatamente en desgracia. Dígamelo a mí, que viví esa experiencia.

El secretario de Hacienda señaló recientemente que la nómina pública es el menor de los males, ya que representa apenas el 13% del presupuesto (unos 40 mil millones para el 2009). Mientras que en el subsidio eléctrico se gastan 43 mil millones de pesos y más en pago de deudas. Tiene razón el amigo Bengoa, sólo que la cifra consignada en el presupuesto del 2009 es de 63.7 mil millones para salarios y remuneraciones, lo que representa el 20% y no el 13%. Para su tranquilidad, esta proporción todavía está por debajo de la registrada hace 6 años.

Pero no es esto lo que queremos resaltar.

Cuando era secretario de Finanzas en el 2003, dije públicamente que la nómina del gobierno estaba sobrecargada en más de 120 mil empleados. Eso causó revuelos por tratarse de un tema tabú en los corrillos gubernamentales. De inmediato, otros voceros del gobierno declararon que los empleados públicos no tenían que temer, ya que sus puestos estaban asegurados.

En ese año había unos 260 mil empleados públicos y se gastaron 24 mil millones en sueldos y salarios de un presupuesto ejecutado de 94 mil millones, o sea, el 25%. Hoy esa nómina supera los 400 mil.

Nunca he planteado que se debe reducir la nómina pública botando gente a diestra y siniestra, y menos ahora.

 Desde aquel entonces, mi posición ha sido que debía diseñarse un Programa de Redimensionamiento y Fortalecimiento del Estado, que consiste en una reducción gradual del personal público mediante varios tipos de compensaciones que han sido exitosamente probadas en otros países.

Eso requiere un fondo inicial equivalente al 10% de la nómina actual, o sea de unos 6 mil millones de pesos, que se reponen anualmente con el ahorro del primer año.

 Este dinero se utilizaría para pagarle un año de salario a los empleados con nombramientos (excluyendo nominillas) que opten por renunciar voluntariamente. Esta es una fórmula, pero hay muchas otras que no podría describir en este limitado espacio.

De cualquier manera, se aplican restricciones para mantener al personal clave y evitar reintegros ilegales.

Son programas que le generan grandes ahorros al fisco sin complicaciones sociales.

E incluso se pueden conseguir en el BID o el Banco Mundial, donde se registran buenas y malas experiencias.

Todo depende de la seriedad y continuidad que se le dé a través del tiempo, porque un cambio de gobierno sin compromisos previo con este tipo de programa, lo tira todo por la borda. Entonces dicen que el programa fracasó. 

En fin, el problema de la nómina pública, al margen de lo eléctrico, es y será uno  de los obstáculos más grandes para el desarrollo del país y de sus instituciones.